La Oficina del Fiscal Público Europeo en Bucarest ha presentado una acusación formal ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, seis de ellas individuos y seis empresas, en relación con un fraude de 9.5 millones de euros vinculado a proyectos informáticos financiados por la Unión Europea. La acción judicial se produce tras una exhaustiva investigación que destapó irregularidades en la gestión de fondos europeos.
Los proyectos en cuestión son tres iniciativas destinadas al desarrollo de soluciones de software innovadoras, respaldadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF). Según los hallazgos obtenidos durante la pesquisa, entre 2019 y 2022, los beneficiarios presentaron documentos falsos a la autoridad gestora en Rumanía, que supervisa los fondos de la UE. Estos documentos, supuestamente emitidos por proveedores, estaban relacionados con la compra de bienes y servicios. En muchos casos, las operaciones comerciales eran ficticias, lo que permitió a los implicados obtener indebidamente alrededor de 9.5 millones de euros del presupuesto comunitario.
Transferencias Irregulares y Cooperación Internacional
De acuerdo con la investigación, las sumas recibidas ilegalmente fueron transferidas a cuentas bancarias de empresas proveedoras ficticias, además de que se utilizaron compañías internacionales para fines ajenos a los proyectos originales. Esta trama fraudulenta ha llevado a la realización de actividades de recolección de pruebas en varios países, como Chipre, Chequia y Malta, facilitadas por el artículo 31 del Reglamento EPPO que permite investigaciones transfronterizas más ágiles.
Las medidas investigativas también se llevaron a cabo en Mónaco, Estados Unidos y Ucrania mediante cooperación internacional. Esta operación contó con el respaldo adicional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF), lo que subraya la magnitud del caso y su impacto potencial sobre los recursos europeos.
Cargos y Consecuencias Legales
Los acusados enfrentan cargos por fraude o complicidad en fraude mediante el uso de documentos falsos y blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas privativas de libertad que oscilan entre tres y diez años y seis meses. Las empresas implicadas también podrían sufrir confiscaciones de activos y multas que alcanzarían hasta 422 000 euros, además de posibles sanciones adicionales.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos. La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y llevar ante la justicia delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €9.5 millones |
Importe total del fraude involucrado |
| RON 47,940,498.03 |
Equivalente en leus rumanos del importe del fraude |
| 3 a 10 años y 6 meses |
Posible pena de prisión para los acusados si son encontrados culpables |
| €422,000 (RON 2,100,000) |
Multa máxima que podrían enfrentar las empresas acusadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas han sido acusadas en el caso de fraude en Rumanía?
Un total de 12 personas han sido acusadas, incluyendo seis individuos y seis empresas.
¿Cuál es la cantidad total involucrada en el fraude?
La cantidad total involucrada en el fraude asciende a €9.5 millones.
¿Qué tipo de proyectos están relacionados con este caso de fraude?
Los proyectos están relacionados con el desarrollo de soluciones de software innovadoras financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF).
¿Qué tipo de delitos se les imputa a los acusados?
A los acusados se les imputa fraude o complicidad en fraude mediante el uso de documentos falsos y lavado de dinero.
¿Qué penas podrían enfrentar los acusados si son encontrados culpables?
Si son encontrados culpables, los sospechosos podrían enfrentar penas de prisión que van desde tres años hasta diez años y seis meses. Las empresas también podrían enfrentar confiscación de activos y multas de hasta €422,000.
¿Quién está llevando a cabo la investigación?
La investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con el apoyo de la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
¿Qué medidas se han tomado para recopilar pruebas en este caso?
Se llevaron a cabo actividades de recopilación de pruebas en varios países, incluyendo Chipre, Chequia y Malta, así como en Mónaco, Estados Unidos y Ucrania, mediante cooperación internacional.
¿Cuál es la presunción legal sobre los acusados hasta que se dicte sentencia?
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
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