El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado de “ridículo” el estimado de 3,3 millones de euros que presenta el Ministerio de Justicia como coste total para Andalucía en la implementación de la Ley de Eficiencia. Esta ley implica una “transformación radical” en la Administración de Justicia en la comunidad autónoma, que posee las competencias transferidas más amplias del país, casi equiparables a las que gestionan las comunidades sin estas competencias. Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Nieto destacó que solo la ampliación de plantilla necesaria para los 70 partidos judiciales que deben adaptarse en esta primera fase conlleva un gasto anual de 3,5 millones de euros.
El sistema judicial andaluz presenta un volumen similar al de aquellas comunidades que no han transferido sus competencias. En total, cuenta con 85 partidos judiciales, 744 órganos unipersonales que se agruparán en tribunales de instancia, así como 700 juzgados de Paz, que se transformarán en Oficinas Municipales de Justicia. Además, Andalucía dispone de cerca de 10.000 funcionarios, 550 fiscales, y alrededor de 700 Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Ajustes necesarios y costes adicionales
La Ley de Eficiencia requiere que 70 de los 85 partidos judiciales andaluces sean adaptados antes del 1 de julio, tres más el 1 de octubre, y los 12 restantes —que corresponden a las ocho capitales y grandes ciudades— antes del 31 de diciembre. Para cumplir con estos plazos, se prevé la creación de 80 nuevas plazas para estos 70 partidos judiciales, lo cual generará un coste adicional anual estimado en 3,5 millones.
A este gasto se suman otros costes asociados a la adaptación del sistema procesal en los partidos judiciales más pequeños con juzgados mixtos (1,9 millones) y las obras necesarias para reestructurar infraestructuras conforme al nuevo modelo judicial. Este nuevo modelo incluye tribunales colegiados y una Oficina Judicial común para cada tribunal en lugar del actual sistema basado en órganos unipersonales.
Aumento del gasto en justicia gratuita y críticas al ministerio
Además, se prevé un aumento significativo del gasto en el sistema de Justicia Gratuita, destinado a compensar a los abogados del turno de oficio por su labor en procesos obligatorios desde el 3 de abril, incluso si no logran alcanzar un acuerdo previo a la demanda. El año pasado, Andalucía desembolsó hasta 400 euros por asesoramiento legal cuando se lograba evitar un juicio mediante consenso entre las partes.
En total, el coste estimado para la primera fase de aplicación en Andalucía asciende a cerca de 60 millones de euros. Ante esto, Nieto declaró: “Cifrar el coste total para Andalucía —la comunidad más extensa con mayor número de funcionarios— en solo 3,3 millones es ridículo”. Agregó que este monto corresponde únicamente a los gastos derivados del nuevo régimen jurídico para los 70 partidos judiciales incluidos en esta primera fase.
Dificultades con el Ministerio y falta de diálogo
Nieto también criticó al Ministerio por su negativa a incluir puntos solicitados por siete comunidades autónomas con competencias transferidas durante la reciente Conferencia Sectorial convocada tras la aprobación de la Ley. Entre estas solicitudes figuraban demandas relacionadas con la cofinanciación necesaria para implementar una ley aprobada sin diálogo adecuado con las comunidades ni consenso entre organizaciones sindicales o judiciales.
A pesar del interés mostrado por las comunidades afectadas, el orden del día solo contemplaba un único punto informativo sin posibilidad de votación. “Es una tomadura de pelo”, subrayó Nieto al lamentar que el Gobierno no escuchara a las comunidades implicadas, lo que resultó en la cancelación efectiva del encuentro.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el ministro mencionó una asignación total destinada a Andalucía por valor aproximado de 65,5 millones, aunque estos fondos provienen originalmente del apoyo financiero europeo destinado a mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia. Estos recursos están destinados principalmente a proyectos relacionados con la digitalización del sistema judicial y no tienen relación directa con las reformas establecidas por la Ley de Eficiencia.
La noticia en cifras
| Concepto |
Cifra (en millones de euros) |
| Coste total estimado para la primera fase |
60 |
| Coste anual por ampliación de plantilla en la primera fase |
3.5 |
| Coste de adaptación del sistema de gestión procesal en partidos judiciales pequeños |
1.9 |
| Coste total cifrado por el Ministerio de Justicia para Andalucía |
3.3 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha calificado José Antonio Nieto como "ridículo"?
José Antonio Nieto ha calificado de “ridículo” que el Ministerio de Justicia cifre en 3,3 millones el coste total para Andalucía de la Ley de Eficiencia.
¿Cuál es el coste anual solo por la ampliación de plantilla necesaria en la primera fase?
La ampliación de plantilla necesaria en la primera fase supone un coste anual de 3,5 millones de euros.
¿Cuántos partidos judiciales deben adaptarse según la Ley de Eficiencia?
La Ley de Eficiencia obliga a adaptar 70 de los 85 partidos judiciales andaluces antes del 1 de julio.
¿Cuál es el coste estimado total para la primera fase de aplicación en Andalucía?
El coste estimado para la primera fase de aplicación en Andalucía ronda los 60 millones de euros.
¿Qué recursos se mencionan que no están relacionados con las reformas de la Ley de Eficiencia?
Se mencionan 65,5 millones destinados a Andalucía para la reforma del sistema judicial que provienen de fondos europeos y están destinados a proyectos para la digitalización de la Justicia, no a las reformas de la Ley de Eficiencia.
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