El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ha sido enviado a juicio oral y público por el juez federal Sebastián Casanello. Esta decisión se enmarca dentro de una investigación que lo señala por supuesta extorsión a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y por defraudación al Estado nacional. Además, otras 17 personas están incluidas en el proceso judicial, acusadas de participar en una red delictiva caracterizada por un esquema de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión.
El fiscal Gerardo Pollicita había señalado anteriormente que “la investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social vulnerable”. Este contexto pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones contra Belliboni y sus coacusados.
Avances en el proceso judicial
Con el cierre de la etapa de instrucción, ahora corresponde realizar el sorteo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Py, que será el encargado de llevar adelante el juicio. El juez también citó a declaración indagatoria a un grupo adicional de personas vinculadas a la creación de sociedades pantalla y emisión de facturas falsas, utilizadas para triangular fondos y encubrir los desvíos económicos.
De acuerdo con el dictamen del fiscal, Belliboni lideraba una estructura que coaccionaba a los beneficiarios del plan social con el fin de obtener fondos “en provecho propio y de terceros”, aprovechando su situación vulnerable. Las víctimas eran manipuladas para entregar parte del dinero recibido o para participar en acciones políticas bajo la amenaza de perder su beneficio estatal.
Implicados en el caso
Entre los acusados que enfrentarán el juicio se encuentran María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Gustavo Vásquez y Rossmery Grande Arancibia, entre otros. La defensa ha intentado frenar el avance del proceso judicial cuestionando la legitimidad de la querella presentada por el Ministerio de Capital Humano y argumentando que “el Estado no vio perjudicado su patrimonio”, ya que las contraprestaciones acordadas habrían sido cumplidas.
No obstante, Casanello desestimó estos planteamientos. El juez afirmó: “Se ha reunido numerosa prueba documental, testimonial e informática suficiente para acreditar —con el grado de certeza requerido en esta etapa— tanto la comisión de los delitos como la participación de los imputados”.
Implicaciones del juicio oral
Este avance judicial representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el uso indebido de programas sociales y el posible aprovechamiento político y económico sobre sectores vulnerables. El juicio oral deberá determinar si existió una estructura criminal organizada que operó al amparo del Potenciar Trabajo, uno de los planes sociales más significativos del país.
Si (
No(
Traductor
