Los diputados del área de Economía de Vox han presentado una solicitud de documentación para conocer toda la información relativa a la nueva medida emprendida por el Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos.
En concreto, han solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la distribución por Comunidades Autónomas y provincias del coste estimado del Ingreso Mínimo Vital durante los ejercicios 2020 y 2021.
El Gobierno "no podrá pagarlo"
“En la actual situación el Gobierno socialista no sólo no podrá pagar el Ingreso Mínimo Vital, sino que no podrá pagar los sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas”, ha explicado la diputada por Toledo, Inés Cañizares, quien ha querido insistir en la dramática situación por la que está atravesando nuestro país.
“Los organismos internacionales achacan a nuestro país el peor escenario a medio y largo plazo. La economía española se presenta ante esta nueva crisis con fuertes debilidades macroeconómicas agravadas y provocadas en tiempos muy recientes. Nos enfrentamos al virus con las defensas muy bajas”, ha añadido.
Es por ello que, tal y como explica Cañizares, es necesario conocer el número de familias potencialmente beneficiarias de este ingreso mínimo, incluso por Comunidades Autónomas y provincias, para “tener una cuantificación certera del esfuerzo en términos económicos que habrá de hacer el Estado para garantizarla”.
En esta línea, Inés Cañizares ha insistido en la importancia de adaptar a la economía española a los nuevos paradigmas que exige esta pandemia y transformar la amenaza en oportunidad.
¿Cómo? Estableciendo ciertas directrices que ya ha anunciado Vox y con las que se pretende desarrollar “medidas lógicas, prácticas y ágiles para la prosperidad y la riqueza de nuestro país” y que pasamos a detallar a continuación:
- Elaborar unos presupuestos en base cero donde no aparezcan gastos que no son productivos para una economía en crisis sistémica, eliminando subvenciones a organismos que son "más acordes de países ricos en petróleo y menos de una nación que madruga para salir adelante".
- Reducir drásticamente la superestructura administrativa y política del conjunto de administraciones públicas.
- El sustancial menor gasto permitirá reducir drásticamente los impuestos de tal manera que las empresas y autónomos tendrán mayor capacidad y liquidez para invertir y reconvertir sus procesos productivos.
- Establecer una política fiscal que elimine a España de la lista de países llamados como “infiernos fiscales” para atraer inversión y empresas.
- Fomentar y favorecer regulatoriamente la vuelta a España de los procesos industriales deslocalizados hace décadas a países que realizan dumping social y que no cumplen las normas de la Organización Mundial del Comercio.
- Eliminar la premisa del Gobierno de “qué puede hacer el mundo para ayudar a España” y convertirla en “qué puede hacer España para ayudar al mundo” para impulsar la imagen de España como gran nación, y no depender de otros países cada vez que sufra una crisis.
- Establecer una regulación laboral flexible y ágil que permita la reducción del desempleo y en consecuencia el gasto en prestaciones.
- Fortalecer nuestro sector primario y la industria agroalimentaria con políticas que defiendan el producto nacional, revisando los acuerdos de importación de productos agrarios que no cumplen con los estándares exigibles a nuestro mercado eliminando así la competencia desleal a la que se encuentran sometidos.
- Promocionar la industria tecnológica y la investigación.
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