El Ejército israelí ha reconocido haber disparado el pasado domingo contra ambulancias en la ciudad de Rafa, ubicada al sur de la Franja de Gaza. Esta acción se justificó tras identificar los vehículos como “sospechosos”, según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y citado por la agencia AFP.
Durante una ofensiva en Rafa el 20 de marzo, las tropas israelíes abrieron fuego contra lo que consideraron vehículos de Hamás, resultando en la eliminación de varios individuos asociados a este movimiento palestino. El comunicado indica que, minutos después, otros vehículos se acercaron a las tropas de manera sospechosa, lo que llevó a los soldados a responder con disparos, eliminando así a varios miembros de Hamás y de la Yihad Islámica. Sin embargo, no se especificó si desde esos vehículos se realizaron disparos hacia las fuerzas israelíes.
Investigación y Consecuencias
La información adicional revela que tras una investigación preliminar, se determinó que algunos de los vehículos identificados como sospechosos eran en realidad ambulancias y camiones de bomberos. Las autoridades israelíes insistieron en que estas organizaciones terroristas han utilizado ambulancias con fines ilícitos en reiteradas ocasiones.
Un día después del incidente, la agencia de Defensa Civil de Gaza reportó la desaparición de un equipo compuesto por seis rescatistas que había sido enviado urgentemente para atender a las víctimas en la zona. Posteriormente, se encontró tanto los vehículos del equipo como el cuerpo sin vida del jefe del grupo; además, uno de los camiones pertenecientes a la Media Luna Roja Palestina quedó “reducido a un montón de chatarra”.
A acusaciones y violaciones del derecho internacional
Basem Naim, miembro del buró político de Hamás, ha acusado a Israel de llevar a cabo una “masacre deliberada y brutal” contra los equipos de Defensa Civil y la Media Luna Roja Palestina en Rafa. Naim enfatizó que el asesinato selectivo de socorristas, quienes están protegidos por el derecho internacional humanitario, representa una violación grave de los Convenios de Ginebra y constituye un crimen de guerra.
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