Trump revoca estatus legal a 500,000 migrantes y ordena auto-deportación o arresto

La administración del expresidente Donald Trump ha decidido revocar el estatus legal de más de 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ingresaron a Estados Unidos bajo un programa de parole implementado durante la administración de Joe Biden. Esta medida pone fin a los permisos de trabajo y a las protecciones contra deportaciones para estos migrantes, marcando un cambio significativo en la política migratoria estadounidense.

El anuncio se realizó el 21 de marzo y tiene como objetivo a aquellos individuos admitidos bajo el programa de parole CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), diseñado para reducir los cruces fronterizos ilegales al ofrecer vías legales de migración. Los críticos de este programa lo consideran una forma de legalizar la inmigración ilegal, mientras que sus defensores argumentan que contribuyó a disminuir la llegada descontrolada de migrantes a la frontera.

Cambios drásticos en la política migratoria

Lanzado a principios de 2023, el programa CHNV permitía a los migrantes ingresar legalmente a Estados Unidos si contaban con un patrocinador financiero y superaban un control de antecedentes. Este enfoque formaba parte de una estrategia más amplia del gobierno Biden para desalentar los peligrosos cruces fronterizos mediante alternativas reguladas. Según datos proporcionados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), el parole permite a individuos que podrían ser inadmisibles permanecer temporalmente en el país sin otorgarles un estatus migratorio formal.

Más de 532,000 migrantes entraron bajo este programa antes de que fuera suspendido tras la asunción del expresidente Trump. Sin embargo, su administración argumenta que el programa carecía del debido proceso y era susceptible a abusos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró en un comunicado que tales programas no benefician al público y son inconsistentes con los objetivos políticos exteriores del país.

Advertencias sobre consecuencias legales

Los migrantes afectados por esta nueva política tienen un plazo de 30 días, hasta finales de abril, para abandonar Estados Unidos o conseguir otro estatus legal, como asilo o Estatus de Protección Temporal (TPS). Aquellos que decidan permanecer podrían enfrentarse a arrestos y deportaciones inminentes.

DHS está recomendando a los migrantes utilizar una aplicación móvil para organizar su auto-deportación; sin embargo, advierten que las acciones coercitivas podrían iniciarse antes del vencimiento del plazo para quienes no busquen alternativas legales. La portavoz del DHS afirmó que esta decisión representa un retorno a políticas sensatas y prioriza la seguridad pública.

Esta medida es parte de una serie más amplia de retrocesos en materia migratoria impulsados por la administración Trump, que ya había anunciado planes para eliminar TPS para haitianos y venezolanos, además de suspender aplicaciones relacionadas con CHNV debido a preocupaciones sobre fraudes. Mientras tanto, los defensores de los derechos migratorios han manifestado su preocupación por las posibles repercusiones caóticas que esta política podría generar.

Las reacciones son variadas; algunos legisladores republicanos sostienen que el programa anterior era una forma encubierta de amnistía. Por otro lado, activistas advierten sobre las implicaciones humanitarias y sociales que podrían surgir al despojar repentinamente a medio millón de personas de sus derechos legales.

Este revocamiento subraya la marcada diferencia entre las agendas migratorias del gobierno Biden y la administración Trump: mientras Biden buscaba expandir las vías legales para gestionar los flujos migratorios, Trump opta por desmantelarlas en favor de una estricta aplicación normativa. Con un porcentaje significativo del público apoyando las deportaciones según encuestas recientes, la administración parece contar con respaldo popular en esta dirección.

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