La Corte Suprema de Carolina del Norte ha emitido un fallo que permite a los padres demandar en casos de vacunaciones infantiles sin consentimiento, desestimando la inmunidad federal bajo el Acta de Preparación y Respuesta ante Emergencias (PREP Act). Este caso se centra en un adolescente que recibió una vacuna contra el COVID-19 en una clínica escolar, a pesar de las objeciones expresadas por él y su madre. La corte subrayó que los derechos constitucionales, incluyendo la autoridad parental, no pueden ser anulados por leyes de emergencia.
El fallo, emitido por una votación de 4-3, representa un avance significativo en la protección de derechos constitucionales, afirmando que las decisiones médicas no pueden ser tomadas unilateralmente por funcionarios bajo el pretexto de poderes emergentes. Esta decisión también limita la inmunidad otorgada por el PREP Act, restringiéndola a reclamaciones por daños y no a violaciones constitucionales.
Un caso emblemático
La situación gira en torno a Emily Happel y su hijo Tanner Smith, quien fue vacunado en 2021 contra su voluntad y la de su madre en una clínica administrada por la escuela en el condado de Guilford. A pesar de que los tribunales inferiores habían desestimado la demanda familiar citando la inmunidad del PREP Act, la Corte Suprema del estado rechazó dicha argumentación, afirmando que los derechos constitucionales no pueden ser ignorados por tecnicismos burocráticos.
“Los derechos fundamentales a la integridad corporal y al control parental serían desechados sin consideración”, escribió el presidente del tribunal, Paul Newby. “Eso simplemente no puede ser lo que pretendía el Congreso”.
Este fallo pone de relieve las preocupaciones sobre el alcance del poder gubernamental durante la pandemia. Tanner Smith, entonces estudiante de secundaria, acudió a una clínica para realizarse pruebas tras un brote en su equipo de fútbol. Sin que él o su madre lo supieran, el lugar también estaba administrando vacunas. Cuando el personal no pudo comunicarse con Happel para obtener consentimiento, se alegó que un trabajador instruyó a otro para proceder con la vacunación.
Implicaciones legales
Happel y Tanner demandaron al Consejo Escolar del Condado de Guilford y a la Sociedad Médica Old North State por agresión y violaciones a sus derechos constitucionales estatales. Aunque las demandas por agresión fueron desestimadas, el fallo de la Corte Suprema revitaliza el argumento constitucional, marcando una distinción crítica que limita el alcance del PREP Act.
“El PREP Act tiene un propósito claro: proporcionar protecciones de inmunidad en situaciones donde pueda ser difícil determinar la seguridad de una medida durante una crisis”, comentó Steven Walker, abogado de la familia. “Nunca fue concebido para permitir al gobierno pisotear los claros derechos constitucionales de sus ciudadanos”.
Relevancia del fallo
Esta decisión desmantela el amplio escudo de inmunidad que los tribunales inferiores habían otorgado bajo el PREP Act durante la pandemia para proteger a los proveedores de vacunas frente a numerosas demandas. El juez Newby enfatizó que la inmunidad prevista por esta ley solo se aplica a reclamaciones civiles (como lesiones o pérdidas materiales), pero no a violaciones constitucionales.
A pesar del desacuerdo expresado por algunos jueces disidentes, quienes argumentaron que las protecciones del PREP Act deberían extenderse a reclamos constitucionales, la mayoría conservadora mantuvo firme su postura. El juez Philip Berger Jr. advirtió sobre los peligros potenciales que podría acarrear una inmunidad sin restricciones.
El caso ahora regresa al tribunal de apelaciones para evaluar las reclamaciones constitucionales, un proceso que podría establecer un precedente para futuros desafíos contra intervenciones médicas impuestas por el gobierno.
Un triunfo para las familias
Este fallo representa más que una victoria legal para una familia; es una reafirmación contundente de que los derechos parentales no pueden ser relegados ante decretos de emergencia. Durante años, se han expresado preocupaciones sobre la intromisión gubernamental en decisiones familiares—desde planes educativos hasta elecciones médicas—y este caso valida esas inquietudes.
Como señaló el juez Newby, permitir autoridad sin control bajo leyes como el PREP Act podría crear precedentes peligrosos: “Imaginen a un enfermero vacunando forzosamente a un paciente inconsciente o un funcionario escolar mintiendo sobre los riesgos asociados con un tratamiento”. Sin salvaguardias constitucionales adecuadas, tales abusos podrían quedar sin respuesta.
Para Emily Happel y su hijo Tanner, la lucha continúa. Sin embargo, la Corte Suprema de Carolina del Norte ha reafirmado que son los padres quienes deben tener la última palabra sobre el cuidado médico de sus hijos; ningún decreto federal puede borrar esa libertad fundamental.
Si (
No(
Traductor
