Además, el tribunal de garantías ha admitido también a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y Vox contra la disposición final segunda del decreto por el que se acordaba la inclusión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la comisión delegada del CNI.
En concreto, el pleno del TC tramitará el recurso de la formación de ultraderecha contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, y los reales decretos de 17 y 27 de marzo y 10 y 24 de abril que supusieron su prórroga.
También se impugnaba la Orden del Ministerio de Sanidad 298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.
El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Vox considera que los citados decretos pueden vulnerar los artículos 10.1, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 35, 38, 55 y 116 de la Constitución, limitando gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La formación dirigida por Santiago Abascal quiere que el Constitucional aclare la decisión tomada por el Ejecutivo al considerar que podría haber rebasado los límites "del marco de convivencia que nos dimos los españoles”.
Según explicó en la presentación del recurso el vicesecretario de Acción Política del partido Jorge Buxadé, el Gobierno “ha utilizado de forma abusiva e inapropiada el estado de alarma con clara vulneración de las libertades públicas de los españoles”.
Vox considera que con el estado de alarma “no es admisible suspender ningún derecho” de los españoles ya que la única limitación que recogería sería la de la libre circulación. “Si el Gobierno quería suspender derechos fundamentales tenía que haber ido al estado de excepción y no lo hizo porque para ello tendría que haber acudido al Congreso y contar cuál era su proyecto”.
Así, la formación recurrente entiende que las medidas tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no están amparadas por lo que establece la Carta Magna para el estado de alarma. Vox desglosaba en su recurso los derechos fundamentales que consideran “suspendidos”: la libertad de reunión, de manifestación o el derecho de educación.
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