Los fondos serán destinados, entre otras medidas, al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes y para el establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres.
También para el refuerzo de los servicios de apoyo a los menores y de los puntos de encuentro familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y en el caso de las CCAA con competencia en materia de justicia, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas, según informó Igualdad.
Además, se aprobaron los criterios de reparto correspondientes a la Delegación del Gobierno. Así, se destinarán 6.500.000 euros para programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, incluidos sus hijos e hijas; 1.000.000 de euros para programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres, además de 2.000.000 de euros destinados al programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
La ministra destacó en la reunión con las comunidades que “nuestra principal preocupación" es el impacto de la pandemia y "sus consecuencias para las mujeres y las personas vulnerables” y aseveró que sus principales objetivos son “reconocer los cuidados como un pilar de la sociedad, dignificar esos trabajos y convertirlos en un vector de desarrollo económico y democrático”.
Respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Irene Montero insistió en “seguir trabajando y dar los pasos necesarios para institucionalizar el Pacto de Estado como una política pública estructural, transversal y permanente”.
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