Una queja formal ha sido presentada ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusando a Catholic Charities de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO). La denuncia sostiene que esta organización habría facilitado el tráfico de inmigrantes ilegales a través de las fronteras estadounidenses, utilizando servicios de alimentación, refugio y transporte sin la debida supervisión.
El documento alega que las acciones de Catholic Charities, enmarcadas como ayuda humanitaria, han creado un sistema propenso a la explotación, poniendo en riesgo a poblaciones vulnerables, incluidos niños. Se menciona que estas prácticas han contribuido a reportes sobre «300,000 niños desaparecidos» debido a la falta de salvaguardias adecuadas.
Críticas y acusaciones
Críticos como Rachel Masters Yakima y la doctora Janet Smith argumentan que Catholic Charities ha priorizado la obtención de fondos federales sobre la rendición de cuentas. Según ellos, se estaría haciendo un uso indebido de los recursos públicos destinados a la asistencia legal para refugiados y se carecería de transparencia en la gestión de programas migratorios.
Se ha informado que algunos migrantes utilizan direcciones asociadas con Catholic Charities como destinos previstos para retrasar sus procesos de deportación. Esto ocurre porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está obligado a aceptar cualquier dirección proporcionada por los migrantes, aunque no corresponda a una residencia real. Catholic Charities niega su implicación en esta práctica pero reconoce el problema, atribuyéndolo a fallos del sistema migratorio.
Investigaciones solicitadas
La queja solicita una investigación bajo las normas del RICO tanto contra Catholic Charities como contra la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. A su vez, Catholic Charities aboga por reformas al sistema migratorio para prevenir la explotación y abordar los desafíos logísticos causados por direcciones incorrectas.
Las figuras mencionadas en la denuncia han instado al presidente Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance a considerar una investigación más amplia sobre estas alegaciones. En sus cartas, enfatizan que la organización debería ser más transparente en el manejo de los fondos públicos destinados a programas migratorios.
Este caso plantea interrogantes significativos sobre las operaciones de organizaciones benéficas en el contexto del tráfico humano y el cumplimiento legal en el ámbito migratorio.
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