La Corte Suprema de los Estados Unidos se encuentra en una posición que podría facilitar a los demandantes pertenecientes a grupos mayoritarios, como individuos blancos o heterosexuales, presentar demandas por «discriminación inversa». Este movimiento podría transformar la manera en que se manejan las reclamaciones por sesgo laboral bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
El caso emblemático involucra a Marlean Ames, una mujer heterosexual de Ohio, quien sostiene que le fue negada una promoción y sufrió una degradación en favor de colegas LGBTQ+ menos calificados. Ames argumenta que su orientación sexual fue el factor determinante en estas decisiones. Sin embargo, los tribunales inferiores desestimaron su caso, alegando que no cumplía con el estándar probatorio más elevado exigido a los demandantes de grupos mayoritarios.
Un cambio en la interpretación legal
Durante los argumentos orales, tanto jueces conservadores como liberales expresaron inquietudes sobre la regla de las «circunstancias de fondo», que obliga a los demandantes de grupos mayoritarios a proporcionar más pruebas que aquellos pertenecientes a minorías. Los magistrados sugirieron que esta norma podría contradecir el mandato del Título VII, que busca proteger a todos los individuos por igual.
Una decisión favorable para Ames podría incentivar demandas que desafíen programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), especialmente en estados con inclinaciones conservadoras. Grupos conservadores ya han manifestado su apoyo hacia Ames, mientras que organizaciones de derechos civiles advierten que tal fallo podría socavar los esfuerzos para abordar la discriminación sistémica.
Implicaciones potenciales del fallo
Si la Corte Suprema decide reactivar el caso de Ames, se establecería un precedente que facilitaría a los demandantes de grupos mayoritarios presentar reclamaciones por discriminación. Esto podría resultar en un aumento significativo de litigios y reavivar el debate sobre las políticas DEI y su papel en la corrección de desigualdades históricas.
Ames, quien ha trabajado durante años en el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio, sostiene que fue pasada por alto para una promoción en 2019 en favor de una mujer gay y posteriormente degradada en favor de un hombre gay. Según ella, ambos eran menos calificados y su orientación sexual influyó directamente en estas decisiones laborales. Su demanda fue desestimada debido al argumento de no haber demostrado las circunstancias necesarias para probar discriminación contra un grupo mayoritario.
Un consenso inusual entre magistrados
Curiosamente, tanto jueces conservadores como liberales coincidieron en criticar el sistema actual. La jueza Amy Coney Barrett planteó dudas sobre si un fallo favorable para Ames abriría las puertas a un aumento desmedido de demandas bajo el Título VII; sin embargo, también sugirió que es fundamental asegurar un trato equitativo para todos los demandantes ante la ley. El juez Neil Gorsuch añadió que había un acuerdo radical entre los presentes respecto a las fallas del estándar vigente.
A medida que se espera la decisión del tribunal, queda claro que el resultado tendrá profundas implicaciones para el futuro del derecho laboral relacionado con la discriminación y para el debate continuo sobre diversidad e inclusión en Estados Unidos. La resolución puede ser vista como una victoria para el tratamiento equitativo o como un retroceso para las iniciativas DEI; sin embargo, sus efectos se sentirán durante años venideros.