El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado un préstamo de 1.400 millones de dólares para El Salvador, una inyección financiera que busca revitalizar la administración del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, este acuerdo incluye condiciones específicas que el mandatario deberá cumplir.
El alivio financiero no es incondicional. Para acceder a estos fondos durante un periodo de 40 meses, el FMI exige al gobierno salvadoreño mantener el control sobre el uso del bitcóin y garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Condiciones del préstamo
Aparte de las típicas medidas recomendadas por el FMI, que suelen incluir recortes fiscales para corregir desequilibrios macroeconómicos, las exigencias impuestas a El Salvador afectan directamente uno de los proyectos más ambiciosos de Bukele: la adopción de la criptomoneda como medio oficial de intercambio. Este hecho también pone en evidencia la necesidad de una supervisión más estricta sobre las finanzas estatales.
Según lo estipulado, se espera que el saldo primario del Producto Interno Bruto (PIB) mejore en un 3,5%, apoyado por una "racionalización de la masa salarial", lo que implica recortes salariales o reducción del gasto público en este ámbito.
Transparencia y gobernanza
A pesar de las críticas hacia su agresivo plan contra las pandillas, Bukele continúa disfrutando de un alto nivel de popularidad, en gran parte gracias a la mejora en los índices de seguridad en el país. Sin embargo, uno de sus puntos débiles es la falta de transparencia en diversas áreas, como las compras relacionadas con el bitcóin y la asignación de contratos públicos.
El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, ha señalado que se prevé que las mejoras en gobernanza y transparencia "impulsen la confianza y la inversión privada". Esto se está logrando mediante nuevas legislaciones anticorrupción y auditorías públicas realizadas por la Corte de Cuentas.
Desafíos adicionales
Por otro lado, el FMI también espera avances en los procesos de contratación pública y rendición de cuentas. Las restricciones sobre el uso del bitcóin —que ya no es considerado moneda legal en El Salvador— son parte integral de estas expectativas.
Clarke ha indicado que Bukele aceptará reducir gradualmente la participación del Estado en Chivo Wallet, el monedero virtual lanzado por su gobierno para facilitar transacciones con bitcóin. Esta decisión podría afectar negativamente la percepción pública del mandatario.
En su comunicado oficial, el FMI enfatiza que "los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con bitcóin", incluyendo transacciones y compras gubernamentales con esta criptomoneda.
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