El pasado 4 de febrero de 2025, un ciudadano italiano fue arrestado en el Aeropuerto Internacional «Henri Coanda» de Bucarest, tras ser identificado como el presunto líder de una organización criminal involucrada en un fraude de subsidios que asciende a 100 millones de euros. La detención se llevó a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), que había estado investigando a esta red delictiva con supuestos vínculos mafiosos.
La investigación reveló que el detenido dirigía un grupo dedicado a la fraude sistemática relacionada con fondos europeos. En total, se identificaron dos empresas italianas que participaban en licitaciones para obtener financiación de la Unión Europea, específicamente en proyectos de construcción y rehabilitación de sistemas de distribución de agua potable y saneamiento en Rumanía.
Detalles del fraude y las empresas implicadas
Las autoridades han señalado que uno de los negocios bajo investigación ya había recibido una prohibición anti-mafiosa por parte de Italia, lo que le impedía acceder a contribuciones públicas según el Código Antimafia italiano. A través de estas empresas, los sospechosos lograron participar en 18 licitaciones valoradas en 240 millones de euros, obteniendo contratos por más de 100 millones de euros.
Para demostrar su capacidad financiera y experiencia en proyectos similares, los implicados presentaron documentos falsificados, incluyendo balances que afirmaban un volumen anual superior a 50 millones de euros, cuando en realidad era 30 veces menor. Además, mostraron contratos para obras en Irak que no correspondían a la realidad.
Colaboración internacional y presunción de inocencia
A pesar del alcance del fraude, las investigaciones indican que las dos empresas italianas no realizaron ningún trabajo o servicio; todos los contratos fueron ejecutados por las compañías rumanas asociadas sin ninguna contribución real por parte de las italianas.
El caso llegó a conocimiento del EPPO gracias a las autoridades nacionales tras detectar irregularidades graves. La investigación contó con la colaboración del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Rumana y la Estructura de Apoyo del EPPO en Rumanía. Asimismo, la Oficina Europea Antifraude (OLAF) realizó una investigación complementaria junto al EPPO.
Es importante destacar que todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos. La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €100 millones |
Valor del fraude por subsidios |
| €240 millones |
Valor total de las licitaciones en las que participaron |
| 8 |
Número de licitaciones ganadas |
| €50 millones |
Promedio anual ficticio de facturación declarado por las empresas italianas |
| 30 veces menor |
Diferencia real en la facturación respecto a lo declarado |
Preguntas sobre la noticia
¿Quién fue arrestado en relación con el fraude de €100 millones?
Un ciudadano italiano, sospechoso de ser el líder de un grupo criminal dedicado a fraudes sistemáticos relacionados con fondos de la UE, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional «Henri Coanda» de Bucarest mientras intentaba huir de Rumanía.
¿Qué tipo de fraude se investiga?
Se investiga un esquema de fraude relacionado con subsidios europeos, donde los miembros del grupo criminal utilizaron empresas italianas para participar en licitaciones y obtener financiación de la UE para proyectos de construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado en Rumanía.
¿Cuánto dinero se estima que se ha defraudado?
Se estima que el fraude asciende a más de €100 millones, con un total de €240 millones en financiación europea solicitada a través de 18 licitaciones.
¿Qué irregularidades se encontraron en las empresas involucradas?
Las empresas italianas presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y experiencia, incluyendo balances que afirmaban tener un volumen de negocios anual superior a €50 millones, cuando en realidad era 30 veces menor. Además, no realizaron ningún trabajo o servicio; los contratos fueron ejecutados por las empresas rumanas asociadas sin contribución real por parte de las firmas italianas.
¿Quién llevó a cabo la investigación?
La investigación fue realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con el apoyo de la Policía Rumana y la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
¿Cuál es la presunción legal sobre los acusados?
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
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