CCOO, UGT y FEDAVICA solicitan apoyo al Defensor del Pueblo por el retraso en el fondo de compensación para víctimas del amianto
Las organizaciones CCOO, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) han solicitado formalmente el amparo del Defensor del Pueblo ante la demora en la implementación del fondo de compensación destinado a las víctimas del amianto. Según las denuncias, el Gobierno ha ignorado las necesidades de estas personas afectadas.
En una reunión celebrada con Ángel Gabilondo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, los representantes de estas organizaciones expusieron la situación crítica que enfrentan debido a un retraso de más de dos años en la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley 21/2022. Esta ley fue creada con el propósito de establecer un fondo que garantice indemnizaciones a quienes han padecido enfermedades relacionadas con este material cancerígeno.
La falta de respuesta gubernamental genera preocupación
Actualmente, el fondo de compensación permanece inactivo debido a que el Gobierno no ha cumplido con su obligación legal de aprobar el reglamento correspondiente. Jon García, portavoz de FEDAVICA, expresó su indignación: “Esta ley fue resultado de una propuesta del Parlamento Vasco en 2019 y recibió aprobación unánime tanto en el Congreso como en el Senado. Sin embargo, durante estos dos años hemos visto cómo muchos compañeros han fallecido sin poder acceder a las indemnizaciones que les corresponden”.
Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, también criticó la situación: “Hemos solicitado amparo al Defensor del Pueblo y agradecemos su interés y rapidez en recibirnos. La comunicación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está inexplicablemente bloqueada. Desde nuestras alegaciones enviadas en julio de 2023 no hemos recibido respuesta ni hemos podido reunirnos nuevamente con ellos”.
Indemnizaciones insuficientes y trato desigual
Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, subrayó que “el retraso en la aprobación del reglamento es intolerable. Además, las cantidades propuestas para las indemnizaciones son irrisorias comparadas con lo que establecen los tribunales para otros colectivos como víctimas del terrorismo o del VIH”. También destacó que las víctimas del amianto no cuentan con exenciones fiscales similares a las que disfrutan otros grupos.
Ante esta situación alarmante, las organizaciones han presentado una serie de preguntas al Defensor del Pueblo sobre la responsabilidad del Gobierno en este incumplimiento legal y sobre la disparidad en las indemnizaciones asignadas a diferentes colectivos.
Acciones futuras ante la falta de respuesta
Ángel Gabilondo se comprometió a enviar un requerimiento por escrito a la Secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones para indagar sobre los motivos detrás del retraso en el fondo. En caso de no obtener respuesta adecuada, se plantearía llevar el asunto ante la Fiscalía.
Durante esta reunión se mencionó un juicio que se estaba llevando a cabo en Barcelona donde un extrabajador enfermo por exposición al amianto reclamaba una indemnización por parte de su empleador. Este tipo de situaciones podrían haberse evitado si se hubiera implementado oportunamente el reglamento correspondiente a la Ley 21/2022.
Preguntas sobre la noticia
¿Por qué CCOO, UGT y FEDAVICA solicitan amparo al Defensor del Pueblo?
Solicitan amparo debido al retraso de dos años en la puesta en marcha del fondo de compensación para las víctimas del amianto, creado por la Ley 21/2022. Este retraso ha causado que muchas víctimas no puedan acceder a las indemnizaciones a las que tienen derecho.
¿Qué ha hecho el Gobierno respecto al fondo de compensación?
El Gobierno no ha aprobado el reglamento necesario para activar el fondo de compensación, lo que ha generado una situación injusta para las víctimas del amianto.
¿Qué preguntas han llevado CCOO, UGT y FEDAVICA al Defensor del Pueblo?
Han planteado interrogantes sobre cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos establecidos en la ley y por qué se asignan indemnizaciones significativamente inferiores a las establecidas para otros colectivos en situaciones similares.
¿Qué acciones tomará el Defensor del Pueblo ante esta situación?
Ángel Gabilondo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, se dirigirá por escrito a la Secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones para interesarse por el retraso en la puesta en marcha del fondo. Si no se recibe respuesta adecuada, podría elevarse la cuestión ante la Fiscalía.
Si (
No(
Traductor
