Un gran jurado en Louisiana ha presentado cargos contra la doctora Margaret Carpenter, originaria de Nueva York, y su empresa, Nightingale Medical, PC, por presuntamente haber prescrito pastillas abortivas a una menor embarazada en el estado. Este acto se clasifica como un delito grave.
Según el fiscal del distrito, Tony Clayton, la madre de la menor solicitó las pastillas a través de un cuestionario en línea sin consultar a su hija. Posteriormente, la madre envió un «cóctel de pastillas» desde Nueva York, lo que resultó en una emergencia médica que requirió hospitalización para la menor.
Consecuencias legales y reacciones
La doctora Carpenter, junto con su compañía y la madre de la menor, enfrenta cargos por aborto criminal mediante el uso de medicamentos abortivos. La madre ya ha sido arrestada. Sin embargo, las autoridades consideran que Carpenter también tiene responsabilidad en este caso. Clayton expresó: «La persona que empaquetó las pastillas y las envió a Louisiana para que una niña las tomara es igualmente culpable».
Se ha emitido una orden de arresto para Carpenter y se espera que responda a los cargos ante el tribunal del distrito del condado de West Baton Rouge. La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, afirmó: «Reitero que haremos responsables a quienes infrinjan la ley».
Cambios legislativos sobre medicamentos abortivos
Esta acusación se produce pocos meses después de que Louisiana aprobara una ley que reclasifica los medicamentos abortivos (mifepristona y misoprostol) como sustancias controladas de categoría IV. Esta legislación fue impulsada por el senador estatal republicano Thomas Pressly, quien propuso dicha medida tras un incidente personal relacionado con el uso no consensuado de misoprostol.
Bajo esta nueva normativa, cualquier persona que posea misoprostol o mifepristona sin una receta válida podría enfrentar cargos por delito grave, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta $5,000. Además, esta ley incluye excepciones para mujeres embarazadas que tengan estas drogas para su propio consumo y permite a los médicos continuar prescribiéndolas.
El objetivo principal de esta legislación es prevenir la distribución no autorizada de medicamentos abortivos al convertirlo en un delito proporcionar estos fármacos sin consentimiento. La posesión o distribución intencionada de estas sustancias controladas puede acarrear penas de hasta diez años en prisión y multas que alcanzan los $15,000.
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La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Máxima pena por posesión o distribución sin receta válida |
10 años de prisión |
| Multa máxima por posesión o distribución sin receta válida |
$15,000 |
| Pena por posesión sin receta (bajo nueva legislación) |
5 años de prisión |
| Multa por posesión sin receta (bajo nueva legislación) |
$5,000 |
Si (
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