El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que pone fin a todos los programas federales de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA). Esta medida implica que los empleados de estos programas serán colocados en licencia administrativa y se instruye a los directores de las agencias a cerrar las oficinas de DEIA antes del 22 de enero de 2025. La directiva también exige la eliminación de todo medio de comunicación externo, incluyendo sitios web y cuentas en redes sociales relacionadas con estas iniciativas.
La decisión busca restaurar la soberanía nacional, la prosperidad económica y la seguridad pública al enfatizar valores tradicionales y productividad, en contraposición a lo que se considera como programas divisivos y derrochadores. Además, se enfoca en lo que se percibe como un exceso de atención a cuestiones de sexo y género en escuelas y lugares de trabajo.
Una nueva dirección para el gobierno
Trump ha expresado su intención de poner fin a lo que él califica como "insensatez" relacionada con el uso de baños y vestuarios por parte de hombres que se identifican como mujeres. En su visión, esta política busca proteger los derechos e intereses de las mujeres y niñas en el ámbito deportivo y social. Se argumenta que estas medidas han afectado negativamente las oportunidades para las mujeres en deportes competitivos.
La orden también contempla la cancelación de todas las capacitaciones relacionadas con DEIA y la terminación de contratos asociados. Según el comunicado oficial, estos programas han generado divisiones raciales entre los estadounidenses, desperdiciando recursos públicos y fomentando discriminación.
Implicaciones administrativas
Además, se instruye a las agencias a retirar cualquier documento o directiva emitida bajo el ahora derogado Orden Ejecutivo 14035, firmado por la administración anterior en 2021. La estrategia parece orientada hacia una reestructuración significativa del enfoque gubernamental respecto a temas sociales controvertidos.
Con este conjunto de acciones, Trump pretende marcar un cambio radical en la política federal relacionada con la diversidad e inclusión, buscando alinearse más estrechamente con sus principios conservadores. Las repercusiones políticas y sociales de esta decisión seguirán siendo objeto de análisis en los próximos meses.
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