El pasado 7 de enero, miembros de la Milicia Bolivariana, una organización asociada a la Fuerza Armada pero sin formación militar formal, recibieron fusiles de asalto de origen ruso en una ceremonia celebrada en el Palacio de Miraflores. Este acto fue presentado como un gesto de lealtad hacia el dictador Nicolás Maduro, quien se prepara para asumir un nuevo mandato presidencial el próximo 10 de enero.
La entrega de los rifles Kalashnikov se produce en medio de un clima de tensión creciente, especialmente tras el llamado de la líder opositora María Corina Machado a realizar manifestaciones masivas. Estas protestas buscan reivindicar la victoria del presidente electo Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de febrero, cuya legitimidad ha sido cuestionada por acusaciones de fraude electoral.
Represión y control social
A pesar del contexto adverso, Maduro ha anunciado su intención de tomar juramento para un tercer mandato, desestimando las denuncias sobre el fraude que le habría permitido despojar a González Urrutia del triunfo. Este último se encuentra actualmente en exilio, debido a la persecución política del régimen chavista, aunque ha prometido regresar al país para asumir la presidencia.
En otro incidente significativo, agentes del régimen detuvieron a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, frente a sus hijos mientras los llevaba a la escuela. Esta acción se suma al incremento de la presencia de los llamados colectivos chavistas, quienes han intensificado su actividad en diversas ciudades del país. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtió que se implementarán medidas severas contra aquellos que desafíen al régimen.
Móviles y movilizaciones forzadas
Los líderes de los colectivos motorizados han comenzado a hacer llamados urgentes para movilizar a sus integrantes en apoyo al régimen. En Apure, por ejemplo, el Frente de Transporte "Antonio José de Sucre" intenta agrupar cooperativas motorizadas, aunque muchos parecen resistirse al apoyo incondicional hacia Maduro. En una reunión reciente, solo dos representantes asistieron, lo que llevó al dirigente José Hurtado a expresar su frustración ante la falta de asistencia.
A pesar del escaso interés mostrado por los motorizados, el régimen continúa organizando concentraciones con el fin de mantener activos a estos grupos en las calles y generar miedo entre la población. En Caracas, las calles están repletas de militares; sin embargo, muchos policías carecen del permiso para portar armas, salvo aquellos vinculados a cuerpos como la DGCIM o SEBIN.
Amenazas y coerción
José Hurtado lamentó que solo dos presidentes cooperativistas acudieran a su convocatoria y dejó entrever su descontento con comentarios sobre dejar que otros "sigan corriendo". Sin embargo, también anunció planes para una gran movilización motorizada en varios municipios del estado Apure, indicando que esta acción cuenta con una orden directa del dictador Nicolás Maduro.
A pesar de ofrecer incentivos como 10 litros de combustible para cada participante, Hurtado no dudó en amenazar con consecuencias severas para aquellos presidentes que no asistan con sus afiliados. "Es una orden presidencial", enfatizó, reflejando así la desesperación por asegurar una participación masiva en los eventos organizados por el régimen.
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