Corte de apelaciones frena mandato de informes, beneficia a pequeñas empresas

Decisión judicial favorece a pequeñas empresas en EE. UU.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ha suspendido temporalmente la aplicación del Corporate Transparency Act (CTA), una normativa que obligaba a las pequeñas empresas a revelar información sobre sus propietarios beneficiarios a partir del 1 de enero de 2025. Esta decisión se basa en preocupaciones constitucionales y en la percepción de un exceso regulatorio.

El CTA, parte de una iniciativa para combatir el lavado de dinero, tenía como objetivo desmantelar las estructuras de propiedad de las corporaciones pantalla utilizadas para actividades ilícitas. Aunque contaba con el respaldo de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también enfrentó una fuerte oposición por parte de pequeñas empresas y la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), quienes argumentaron que imponía cargas excesivas y costos elevados.

Un alivio temporal ante obligaciones complejas

La controversia legal comenzó en el Tribunal de Distrito para el Este de Texas, donde un grupo de pequeñas empresas, junto con el Partido Libertario de Mississippi y la NFIB, demandaron al Departamento del Tesoro y a otros funcionarios federales. Los demandantes sostenían que el CTA infringía derechos constitucionales y generaba cargas desproporcionadas para las pequeñas empresas.

El 5 de diciembre, el juez del distrito Amos Mazzant emitió una orden judicial preliminar bloqueando la aplicación nacional del CTA, calificándolo como “probablemente inconstitucional” y un abuso del poder federal. Sin embargo, tras una apelación rápida por parte del gobierno, el 23 de diciembre se restableció temporalmente la obligación hasta que se revisaran los argumentos sustantivos.

Reacciones ante la decisión judicial

La reciente sentencia ofrece un alivio significativo a los propietarios de pequeñas empresas, quienes temían enfrentar requisitos complejos y severas sanciones por incumplimiento. Estas sanciones incluían multas diarias que podían alcanzar los $591, multas penales hasta $10,000 e incluso penas de prisión. Rob Smith, abogado senior del Centro Legal para Pequeñas Empresas de la NFIB, expresó su satisfacción: “La restauración de la orden judicial es un respiro bienvenido para las pequeñas empresas”.

Este fallo también reaviva el debate sobre cómo equilibrar las cargas regulatorias con los intereses de seguridad nacional. Los defensores del CTA sostienen que la presentación de informes sobre propiedad beneficiaria es crucial para cerrar brechas utilizadas por organizaciones criminales. En contraste, críticos como la NFIB argumentan que su enfoque amplio perjudica injustamente a las pequeñas empresas que carecen de recursos para cumplir con requisitos complejos.

Afrontando el futuro legislativo

A medida que avanza este caso legal, se espera que el tribunal emita un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del CTA hacia 2025. Mientras tanto, las pequeñas empresas pueden estar tranquilas sabiendo que no están obligadas a presentar informes ni enfrentar sanciones mientras dure la suspensión.

La decisión del Quinto Circuito representa un triunfo para las pequeñas empresas y destaca su papel fundamental en la economía estadounidense. A medida que continúan las discusiones sobre regulaciones adecuadas y efectivas contra delitos financieros, queda claro que la lucha por proteger a estas entidades frente a mandatos gubernamentales excesivos está lejos de concluir.

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