Denuncias Falsas de Violencia de Género: Un Problema Creciente en los Juzgados
La ley 19.580, conocida como la «Ley de violencia hacia las mujeres basada en género», fue aprobada en 2017 durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez. Esta normativa recibió el respaldo del Frente Amplio y una amplia mayoría de los legisladores blancos y colorados.
Las organizaciones feministas que impulsaron esta ley, junto con ciertos grupos políticos, argumentaron que su objetivo era proteger a las mujeres víctimas de violencia en la sociedad uruguaya. Sin embargo, muchos críticos sostienen que la ley es una aberración jurídica, catalogándola como inconstitucional e injusta.
Aprovechando la justificación de proteger a las féminas, se estableció un marco legal que, según sus detractores, busca destruir al varón. La ley permite que cualquier persona pueda presentar una denuncia por supuesta «violencia de género», lo cual abarca desde agresiones físicas hasta comentarios considerados inapropiados.
El Procedimiento Legal y sus Consecuencias
Bajo esta legislación, cualquier individuo puede acercarse a una comisaría o juzgado para radicar una denuncia. El concepto de «violencia de género» es tan amplio que prácticamente cualquier acción puede ser interpretada bajo este término.
Los críticos argumentan que la izquierda uruguaya ha adoptado prácticas totalitarias al aprobar una ley que criminaliza a la mitad de la población masculina. Esto implica que todos los hombres, independientemente de su edad, pueden ser objeto de acusaciones.
Desde la implementación de la ley 19.580, se ha generado lo que algunos denominan una industria de denuncias falsas, promovida por ONGs feministas y organismos estatales como la Comuna Mujer en Montevideo.
Impunidad para las Denunciantes
En la Comuna Mujer solo trabajan abogadas, ya que se prohíbe a los abogados hombres laborar en esa dependencia. Esto facilita que cualquier mujer presente una denuncia falsa contra un hombre, ya sea su pareja o cualquier otro varón.
Los juzgados especializados en familia en Montevideo están saturados con denuncias consideradas fraudulentas. A pesar de que muchos jueces pueden identificar rápidamente cuando una denuncia carece de fundamento, deben seguir el procedimiento estipulado por la ley 19.580.
Esto resulta en un sistema donde las denuncias falsas son comunes y cientos de hombres inocentes son criminalizados mensualmente por acusaciones infundadas.
Consecuencias para los Acusados
La ley otorga total impunidad a quienes presentan denuncias falsas. El artículo 56 establece que siempre que la denuncia tenga apariencia verosímil, no habrá responsabilidad para quien la formule. Este concepto permite que muchas mujeres realicen acusaciones sin temor a repercusiones legales.
Aquellos hombres denunciados enfrentan severas medidas cautelares, como restricciones para comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la denunciante. Esto significa que incluso si un hombre es acusado falsamente por su pareja con quien vive, se le podría obligar a abandonar su hogar.
A lo largo del tiempo, miles de hombres han sido sometidos a medidas extremas como el uso de tobilleras electrónicas debido a denuncias infundadas. La administración actual no ha realizado cambios significativos a esta problemática legal, lo cual genera inquietud sobre el futuro bajo posibles nuevos gobiernos.
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