El Gobierno nacional ha implementado un nuevo régimen de contrataciones para el sector público a través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, con la finalidad de optimizar los recursos estatales. Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del Ejecutivo para mejorar la eficiencia en la administración pública.
Las nuevas disposiciones establecen prohibiciones estrictas para las designaciones, limitan la duración de los contratos a un máximo de seis meses y requieren que los candidatos aprueben una evaluación de competencias como condición previa para su contratación.
Cambios significativos: prohibiciones y excepciones
El Decreto 1148/24, firmado por el presidente Javier Milei, estipula que cada alta de personal en el sector público deberá ser precedida por tres bajas. Esta medida busca reducir la estructura del Estado y está alineada con el plan de ajuste promovido por el Ministerio de Desregulación.
Entre las prohibiciones se encuentran:
- Designaciones transitorias en las Plantas Transitorias del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública.
- Contrataciones bajo diversas modalidades, como plazo fijo, tiempo parcial o servicios autónomos.
- Designaciones en cargos simples de la planta permanente.
No obstante, se han establecido excepciones que incluyen sectores estratégicos como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, universidades, el Servicio Exterior y Guardaparques, así como ciertos cargos ejecutivos y profesionales.
Criterios para nuevas contrataciones
El Decreto 1149/2024 establece que las contrataciones realizadas a partir del 1° de enero de 2025 no podrán exceder los seis meses, con un plazo límite hasta el 30 de junio de 2025. Además, todos los empleados deberán aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, requisito obligatorio para todas las jurisdicciones del sector público nacional.
Aquellos trabajadores que no logren superar esta evaluación solo podrán ser contratados hasta el 31 de marzo de 2025. Asimismo, las empresas estatales y entidades con participación mayoritaria deberán adoptar medidas similares.
"La motosierra continúa": enfoque hacia la reducción del Estado
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó en sus redes sociales el impacto del Decreto 1148/24, enfatizando que estas medidas fortalecen la política de ajuste estatal: "Cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una se verifican tres bajas previas", expresó, reflejando así el discurso austero que caracteriza al gobierno actual.
Además, se exige que las jurisdicciones justifiquen cada solicitud de alta ante la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, parte integral de la Secretaría de Transformación del Estado.
Justificación oficial y alcance
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que estas restricciones son una respuesta a la "emergencia pública y a los objetivos" establecidos por esta gestión gubernamental. El propósito central es "optimizar los recursos asignados a las designaciones y contrataciones del sector público", limitando así el gasto y promoviendo una mayor eficiencia operativa.
A su vez, el Gobierno ha instado a empresas y organizaciones con participación estatal mayoritaria a implementar medidas análogas, consolidando así el ajuste en todas las áreas del sector público.
Impacto y perspectivas futuras
A través de estas iniciativas, el Gobierno liderado por Javier Milei busca establecer un control más riguroso sobre las contrataciones estatales, alineándose con su estrategia orientada a reducir el gasto público. Las restricciones impuestas junto con la exigencia de evaluaciones competenciales representan un cambio significativo en la gestión del recurso humano dentro del Estado.
El éxito y efecto a largo plazo de estas políticas dependerán del cumplimiento efectivo por parte de las entidades públicas, así como también de la capacidad del Gobierno para mantener estas restricciones en un entorno económico y político complejo.
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