Roja Directa condenada a pagar €31,6 millones por piratería de fútbol

Roja Directa enfrenta una millonaria indemnización por piratería de fútbol

La plataforma Roja Directa, conocida por ofrecer contenido deportivo ilegal, ha sido condenada a pagar una indemnización de 31,6 millones de euros tras un largo proceso judicial. Esta sentencia se origina en la emisión no autorizada de partidos de LaLiga durante la temporada 2014-2015, cuyos derechos pertenecen al Grupo MediaPro.

Después de casi diez años de litigios, el Juzgado de A Coruña ha determinado que parte de esta suma, específicamente 15,8 millones de euros, será responsabilidad del administrador de Puerto 80 Projects, Igor Seoane, quien ha sido considerado culpable por su implicación en las actividades ilícitas de la plataforma.

Acciones legales de MediaPro y LaLiga

El Grupo MediaPro y LaLiga iniciaron acciones legales contra Roja Directa argumentando una grave violación a los derechos de propiedad intelectual. Según el fallo del Tribunal Supremo, la web generaba ingresos significativos a través de publicidad y comisiones al redirigir tráfico hacia casas de apuestas, mientras ofrecía acceso gratuito a eventos deportivos que normalmente requieren pago.

Este proceso judicial no solo resultó en el cierre definitivo de Roja Directa en España, sino que también estableció una indemnización sin precedentes por los daños causados. Actualmente, el caso se encuentra en juicio oral, donde el fiscal ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Seoane, mientras que MediaPro y LaLiga demandan una condena aún mayor de seis años.

Reacciones ante el fallo judicial

Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó su opinión sobre la sentencia a través de la red social X. En su mensaje indicó: "¡Van cayendo! Y los que caerán serán peces gordos: Google, Cloudflare, entre otros… también porque se lucran con este robo".

Este caso representa un importante precedente en la lucha contra la distribución ilegal de contenido deportivo y subraya las severas consecuencias legales y económicas que enfrentan aquellos que infringen los derechos de propiedad intelectual.

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