Juan Lobato, quien fue secretario general del PSOE de Madrid hasta hace tres semanas, podría enfrentarse a una imputación en la investigación que se lleva a cabo en el Supremo contra el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid. Esta causa involucra un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Durante su declaración como testigo en el proceso, se descubrió información en el dispositivo del socialista que sugiere la existencia de un plan coordinado entre altos funcionarios de Moncloa y Ferraz, la sede nacional del partido liderado por Pedro Sánchez, con el objetivo de debilitar tanto política como personalmente a la presidenta madrileña. Si se confirma esta situación, podría implicar a Lobato en un posible encubrimiento.
Es importante señalar que, después de que se hiciera pública la entrada y registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho institucional del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo investigado en este caso, Lobato destacó la posible existencia de una trama en Moncloa. Esta supuesta conspiración habría sido diseñada para filtrar «el documento secreto del novio de Ayuso», lo cual, aunque no de manera directa, ya complicaba en un primer momento la situación del ex portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.
A pesar de que en un principio Lobato habría rechazado revelar el contenido, consciente del riesgo que ello conllevaba, más tarde lo empleó en el Parlamento autonómico. Aunque sospechaba que su origen podría ser ilícito, debido al contexto de la conversación que tuvo con la alta funcionaria de Moncloa que se lo envió, decidió no denunciarlo.
Según varios expertos consultados por El Debate, la decisión podría llevarle a enfrentar una imputación como «encubridor, al menos». Estos juristas señalan que «la cronología del asunto y las sospechas que pudiera tener sobre el origen irregular de la documentación» durante el intercambio de mensajes de texto «serán la clave».
No es casualidad que Pilar Sánchez Acera, actual jefa de gabinete del ministro de Transformación Digital Oscar López, haya sido identificada como la persona que supuestamente proporcionó a Lobato el correo electrónico reservado entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Julián Salto. Este correo fue utilizado por Lobato durante una sesión de control a Ayuso. Cabe destacar que Lobato dejó constancia formal de esta situación en un acta ante notario, mientras ocupaba el cargo al frente de la territorial autonómica de su partido.
Además, los agentes encargados del caso han informado al magistrado del Supremo Ángel Hurtado que el contenido del móvil del socialista madrileño ha sido analizado. Se ha revelado que Moncloa tuvo acceso al correo electrónico intercambiado entre la defensa de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal responsable de la causa tributaria que motivó la investigación, antes de que este se hiciera público en los medios de comunicación.
La presunta trama política ha llevado a la Guardia Civil a involucrar a dos nuevos altos cargos: Ion Antolín, ex jefe de comunicación del PSOE, y Francesc Vallés, quien ocupaba el cargo de secretario de Estado de Comunicación en ese momento.
La UCO ha indicado específicamente que «de ese email tendrían conocimiento antes de ser publicado en ningún medio (...) al menos» Lobato, Sánchez Acera, así como Vallés, Antolín y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
Los investigadores afirman que el correo completo entre el abogado defensor de Alberto González Amador y la Fiscalía «no había sido publicado en los medios de comunicación a las 8.29 horas», momento en el cual ya estaba en manos de la número dos de Oscar López. Por esta razón, concluyen que «su procedencia no puede ser la publicación en medios».
Se confirma, de este modo, que altos funcionarios del Palacio de La Moncloa tuvieron acceso a una comunicación confidencial entre el abogado de la pareja de Ayuso y el representante de la Fiscalía antes de que se hiciera pública. Por lo tanto, la filtración parece estar relacionada con una posible interacción entre Moncloa y el Ministerio Público, lo cual es precisamente lo que investiga el juez y señala la UCO.
Se podía vislumbrar un aspecto de la conversación de WhatsApp entre Lobato y Sánchez Acera, en la que la jefa de Gabinete de Óscar López comunicó al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea que había tenido acceso a ese documento «porque llega». Esta frase, cargada de misterio, fue complementada con un «está en los medios de comunicación», aunque en ningún momento afirmó que lo poseía porque lo hubiera obtenido de la prensa o que algún periodista se lo hubiera facilitado.
Sánchez Acera, después de que Lobato expresara su desconfianza al presentar un documento que «podía parecer que le llegaba de la Fiscalía» –como él mismo dejó por escrito–, le sugirió que aguardara mientras él se encargaba del asunto. Fue solo unos minutos más tarde cuando le envió un enlace con la primera publicación en prensa sobre ese correo.
Con todo lo sucedido, el 14 de marzo, Lobato optó por presentar en el Pleno de la Asamblea de Madrid el documento que había obtenido de la publicación de El Plural, en lugar del que le había enviado su secretaria de política institucional. A pesar de las aclaraciones recibidas, su desconfianza respecto al origen del documento se hizo evidente, lo que quedó claro cuando realizó una visita a una Notaría para dejar constancia de estos acontecimientos, los cuales finalmente han llegado hasta el Supremo.
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