A partir de la reciente resolución del Gobierno, todos los presos en cárceles federales deberán llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento en los centros donde se encuentren. Esta medida, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estipula que todos los internos, tanto procesados como condenados, dedicarán hasta cinco horas diarias a estas labores sin recibir compensación económica.
Aquellos que opten por no participar se enfrentarán a sanciones, que incluyen la pérdida de ciertos beneficios penitenciarios. La resolución 1346, publicada en el Boletín Oficial, establece claramente: «se establece la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios. Estas actividades podrán ser llevadas a cabo durante cinco (5) horas diarias y no serán remuneradas«.
Nueva iniciativa del Gobierno
Esta decisión amplía el programa Manos a la Obra, previamente implementado por el SPF con el fin de fomentar el trabajo entre los presos. Durante la presentación de esta iniciativa en octubre pasado en la cárcel de Ezeiza, Bullrich comentó: «Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, así como en la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad«.
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, explicó que esta medida busca reducir el tiempo de ocio de los internos y transformar la cultura dentro de los penales. En sus declaraciones, subrayó: «Hay que erradicar la cultura tumbera«.
Análisis de la resolución
Dentro del marco legal, el Ministerio de Seguridad destacó que uno de los objetivos fundamentales al ejecutar una pena privativa de libertad es procurar la reinserción social y reducir la reincidencia. Esto se alinea con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 1 y 108 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad.
"Las personas privadas de libertad no son víctimas, sino victimarios ante la sociedad en su conjunto; por ello, el esfuerzo estatal debe orientarse a que reparen el daño causado y adopten hábitos que reconozcan su responsabilidad individual", indica textualmente la resolución.
Causas detrás del cambio normativo
A su vez, se enfatizó que "la ociosidad entre los internos provoca un aumento notable en los índices de violencia y alteraciones al orden; además, alimenta una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a los fines establecidos para lograr una reinserción social efectiva". Con esta normativa se busca también reparar el daño causado a la sociedad, asegurando así una participación activa por parte de toda la población carcelaria en actividades necesarias para mantener tanto sus espacios personales como comunes.
A través del cumplimiento obligatorio en estas tareas, se espera fomentar una convivencia más ordenada dentro del sistema penitenciario. El subsecretario Curi aclaró que estas actividades no deben confundirse con trabajo remunerado; si algún interno se niega a colaborar será sancionado con pérdida de beneficios como acceso a trabajos pagos o cambios dentro del establecimiento penitenciario.
No obstante lo anterior, Curi aseguró que estas sanciones "no tienen nada que ver con las visitas".
Bajo este nuevo enfoque, se espera que todos los internos participen activamente «en el mantenimiento y ordenamiento» no solo dentro de sus celdas sino también en áreas comunes como patios y lugares destinados a visitas. Esto responde al objetivo más amplio del tratamiento penitenciario: adquirir hábitos propicios para una futura reinserción social.