El gobierno de Australia avanza hacia un sistema de identificación digital que promete una vigilancia y control total. Este nuevo proyecto legislativo, conocido como el proyecto de ley de Identificación Digital, integra 128 documentos personales y “indicadores” en un sistema centralizado administrado por el gobierno.
La finalidad de este sistema es optimizar la identificación en diversos sectores, incluyendo la banca y el crédito, con la posibilidad de extenderse al seguimiento del uso de carbono y a la implementación de puntajes de crédito social en un futuro cercano.
Regulaciones sobre redes sociales
En una acción complementaria, el gobierno australiano ha establecido regulaciones estrictas sobre el acceso a las redes sociales. A partir de ahora, los menores de 16 años estarán prohibidos de acceder a estas plataformas, lo que muchos interpretan como un primer paso hacia restricciones más amplias para usuarios de todas las edades.
Los críticos advierten que estas medidas podrían facilitar un mayor control sobre el discurso en línea, permitiendo al gobierno limitar el acceso a las redes sociales según su criterio.
Puntajes de crédito social
El Sistema Digital de Identificación del Gobierno Australiano (AGDIS) se implementará en cuatro fases durante el próximo año, con la posibilidad de que estas fases se solapen o sean precedidas por proyectos piloto. Este proyecto fue aprobado por el Senado australiano en abril y ha suscitado preocupaciones entre los detractores sobre cómo la creciente presión para implementar el seguimiento del carbono y los puntajes de crédito social representa amenazas significativas a las libertades civiles y a la privacidad.
Los puntajes de crédito social evalúan el comportamiento individual en diversas áreas, incluyendo transacciones financieras, interacciones sociales y presencia en línea. Esto plantea un riesgo evidente para la libertad de expresión y la privacidad personal.
El sistema califica a los ciudadanos según sus actividades tanto en línea como fuera de ella, lo que podría resultar en sanciones para aquellos cuyas acciones u opiniones no se alineen con los estándares aprobados por el estado.
Riesgos asociados al seguimiento del carbono
El seguimiento del uso del carbono añade otra capa potencial de control gubernamental. Aunque la intención de reducir las huellas de carbono para combatir el cambio climático puede parecer loable, vincular este seguimiento a la libertad personal puede resultar problemático. Si un gobierno tiene la capacidad de rastrear y restringir las emisiones individuales de carbono, podría comenzar a regular comportamientos personales que impactan la vida cotidiana.
Por ejemplo, esto podría traducirse en penalizaciones o limitaciones sobre el consumo energético en los hogares, los medios de transporte utilizados e incluso las elecciones dietéticas—todo basado en cuánto carbono se considere que una persona está emitiendo.
Esto podría dar lugar a un “puntaje de crédito social” relacionado no solo con comportamientos sino también con impactos ambientales, donde aquellos que superen ciertos umbrales podrían enfrentar restricciones o sanciones. La implementación de tales medidas obligaría efectivamente a los individuos a modificar sus estilos de vida para cumplir con cuotas ambientales impuestas por el gobierno, socavando así su autonomía personal.
Un futuro incierto
A medida que estos sistemas se despliegan en Australia, representan un recordatorio inquietante sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre los beneficios sociales y las libertades personales. Sin una adecuada supervisión y oposición a estas iniciativas, podríamos estar ante un futuro donde cada acción sea monitoreada, evaluada y regulada por el estado.
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