La DANA del 29 de octubre que machacó Valencia confirmó el deficiente hilvanado de la España autonómica. En la gestión de la emergencia descollaron la mala fe política en su origen y la incompetencia gubernativa en el resultado. Más de 200 muertos y milmillonarias pérdidas en bienes demandan depurar responsabilidades. Desde el principio, fue claro que el fenómeno instaba a la declaración de emergencia de interés nacional, definida en el artículo 28 de la ley 17/2015 (Sistema Nacional de Protección Civil). Se apreció, asimismo, la intención gubernamental de escurrir el bulto y rehuir sus responsabilidades. Así sucedió con Sánchez que continuó haciendo el indio en la India, sin regresar inmediatamente a España para hacerse cargo de la situación. Así pasó con el ministro del interior, Marlasca, quien incluso declinó la oferta de su homólogo francés, de enviar a España un contingente de más de 200 efectivos especializados en emergencias. Marlasca, además, por el artículo 29 de la mencionada ley, tenía la facultad -que rehuyó-, de declarar aquel nivel de emergencia, bien por propia iniciativa o a instancia de la Comunidad Autónoma o de la Delegación del Gobierno. Ni el presidente de la Comunidad, Mazón, ni la delegada del Gobierno, Bernabé, movieron un dedo en ese sentido. Y la ministra “ecológica”, Teresa Ribera, responsable del mantenimiento y limpieza de los cursos de agua, desapareció del escenario.
Particularmente grave fue la irresponsabilidad de la ministra de defensa, Margarita Robles, quien tempranamente declaró que “el Ejército no está para todo”, despreciando que el artículo 15 (misiones de las FAS), de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, recalca como “deber” de las FAS el “preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad”. Aparte de la UME, las FAS estuvieron paralizados durante cuatro días, cuando la rapidez de respuesta era esencial para salvar vidas y limitar daños. ¿Dónde están los militares? se preguntaba la gente en pueblos y campos valencianos. Con tal dilación, la ministra no solo impidió a los militares el cumplimiento de sus misiones, sino que también erosionó enormemente la confianza ciudadana en sus FAS cuyo futuro, en una sociedad democrática, está encadenado a la percepción que la sociedad tenga de la utilidad de sus Ejércitos. En la actitud ministerial, posiblemente primara un reparo ideológico bien frente a la idea de ver las tropas en la calle, o incluso una perversa alergia a todo lo que se perciba como nacional cuando, desde el propio Gobierno, se acaricia el disparate plurinacional.
La UME es una formación, -joya de la corona-, cuyo funcionamiento se basa sobre tres pilares. Uno es su esencia militar, por la que sus miembros operan impregnados por valores (espíritu de servicio y de sacrificio, organización y jerarquización, entre otros). El segundo es su especialización (frente a catástrofes, calamidades y otras necesidades públicas). El tercero es un alto grado de alistamiento (rapidez de respuesta). Bien dotada y desplegada con cinco batallones por el territorio nacional, tiene las capacidades limitadas de una unidad con una plantilla total de alrededor de 3.300 efectivos (incluidos los de su cuartel general en la B.A. de Torrejón de Ardoz). Aunque admita su refuerzo puntual por otras unidades de las FAS, no tiene entidad ni Estado Mayor como para gestionar una catástrofe de la enorme dimensión originada por la DANA. Ello obligó finalmente a agregarle un elevado volumen de unidades militares, principalmente del Ejército de Tierra, en la Comunidad Autónoma valenciana. Hubo de formarse, aprisa y corriendo, una organización operativa caótica excluyendo al JEMAD y su Mando de Operaciones, en vez de poner al Jefe de la UME (GEUME) subordinado al JEMAD, como asesor especializado de éste (y como mando orgánico y operativo de su unidad). Este es un tema organizativo que, en mi opinión, debería ser reestudiado.
La UME no es una Guardia Pretoriana de la señorita Margarita, como ella aparenta creer. Ella, en mi opinión, es acreedora de responsabilidades políticas, morales y tal vez penales. Mucho habrá de esforzarse en sus recurrentes “cebolleos” por centros y unidades militares para intentar difuminar tantos errores. No creo que ya sea suficiente su empalagoso y embaucador discurso sobre lo bien que funcionan los militares, que, a modo de caricias y palmaditas en el cuello, es lo que, desde la edad de bronce, hace el ser humano con el caballo y las acémilas para que se dejen montar y cargar. Y, por cierto, si de verdad tuviera tanto aprecio a los militares, debería luchar por la subida de sus sueldos, que son los más bajos de las administraciones públicas.