El senador de VOX, Ángel Pelayo, ha asegurado que el nuevo sistema de financiación de la hacienda catalana, pactado por el PSE y ERC, «relega al Estado español a una posición subordinada» y además perpetúa un sistema, el actual, en el que «la transparencia brilla por su ausencia, ya que nadie ha visto nunca los cálculos objetivos que se supone que hacen para calcular la compensación» relativa al llamado «cupo catalán».
Así lo ha expresado el senador de VOX durante su turno para interrogar al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, D. Santiago Lago Peñas, uno de los expertos que ha comparecido en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado «para informar sobre las implicaciones económicas, fiscales, sociales y jurídico-políticas en el Estado autonómico del acuerdo suscrito entre los partidos PSC-PSOE y ERC de impulsar para Cataluña un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal».
Para VOX, el nuevo acuerdo de financiación de Cataluña supone que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) recaude todos los impuestos soportados en Cataluña. Actualmente, esta función la realiza la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Y considera que el troceamiento de la AEAT en una serie de entidades de menor escala «podría incrementar significativamente los costes de la gestión tributaria y reducir su eficacia».
Pelayo ha preguntado al experto si no cree que sería «más ineficiente» delegar la recaudación en la Agencia Tributaria catalana, y si considera que el sistema propuesto «es equivalente al ya existente de concierto, en el que existe una gran opacidad». Para el senador de la formación que preside Santiago Abascal, en el sistema vigente «sistemáticamente, por el lado del gasto se infravaloran los servicios que presta el Estado, y por el de los ingresos se exagera la parte que les corresponde de los impuestos indirectos cuya recaudación no está totalmente transferida».
Asimismo, el senador de VOX ha preguntado a Lago si cree que el sistema propuesto «es viable para unas cuentas públicas cuya situación es de por sí muy mala» y si no cree que «atenta contra la solidaridad entre regiones, rompiendo el régimen común e incrementando las desigualdades».
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