«Nosotros respetamos, pero no compartirnos». Con esas palabras anunciaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) que no apoyaría las enmiendas de VOX que solicitaban, entre otras cosas, «garantizar que ninguna administración regional pueda tener privilegios económicos frente al resto, derivado de pactos políticos para la gobernabilidad o investiduras».
En este sentido, la iniciativa de VOX -que venía a enmendar una enmienda de los populares para instar al Gobierno a presentar una propuesta clara y consensuada sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y a la adopción de determinadas medidas para definirla- hacía hincapié en «manifestar públicamente un rechazo tajante e inequívoco del acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura del presidente del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, y declarar, en consonancia con lo anterior, que no se impulsará por el Gobierno ninguna acción que permita la ejecución del indicado acuerdo, y que se adoptarán las medidas necesarias para impedir su cumplimiento».
El senador de VOX Ángel Pelayo ha recordado al PP que la moción presentada buscaba una distribución «equitativa y transparente» de los recursos públicos entre comunidades autónomas, «respetando su autonomía fiscal». Y ha explicado a los populares que el sistema, al que ha calificado de «fallido», permite «el chantaje permanente». Por ello, ha lamentado que no se vaya a la raíz del problema y ha vuelto a instar a la recentralización de las competencias de Hacienda.
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