El promedio de expectativa de vida de un japonés en 1950 era de 50 años. Hacia 1980 subió a 65 años y en las últimas décadas Japón lidera el ranking de esperanza de vida al nacimiento -que sigue en aumento- y ya supera los 87 años en el caso de las mujeres y 82 años en el de los hombres. Sumado al bajo índice de natalidad con el que cuenta (1,40 hijos por mujer en 2013 y en descenso), ocurre que Japón tiene una de las sociedades más envejecidas del mundo.
Así, en 1970 los ciudadanos trabajadores llegaban al 60% de la población, porcentaje que bajó al 56% en 2015 y, para el 2020, se calcula que quedará en 47,8%. Por su parte, los pensionados que en 1970 eran el 7,1% de los japoneses, en 2015 llegaron al 26,6% y hacia el 2020 serían el 37,7%. Y los niveles de migración extranjera son muy bajos -dadas las muy rígidas reglas migratorias- por lo que no alcanzan para compensar la situación.
Los residentes en Japón de entre 20 y 60 años, incluidos los extranjeros, deben inscribirse en el Plan Nacional de Pensiones y abonar las cuotas. Japón goza de una tasa de desempleo muy baja -2,8% en 2018 – por lo que un alto porcentaje de la población en edad de trabajar aporta, pero cada vez son menos los jóvenes aportantes y más los mayores jubilados.
Así el “Estado de Bienestar” estatal es inviable porque el Estado cada vez tiene menos dinero para sostener este sistema. Insólitamente a los políticos -siempre pensando gastar más dinero de los contribuyentes- se les ha ocurrido implementar planes para fomentar el nacimiento de los niños como fondos o beneficios fiscales. Por ejemplo, el Estado otorga subsidios de unos 150 dólares mensuales por cada hijo para ayudarlos en el estudio desde los 3 años, y se han diseñado planes de exención impositiva o de ayuda fiscal del Estado a parejas con hijos entre otros muchos incentivos para que tengan descendencia.
Pero este es un ridículo círculo vicioso, porque estos planes de ayuda significan gastar más dinero cuando, precisamente, lo que falta son fondos para tantos jubilados. Así que la única solución es matar viejos, de modo de bajar el gasto algo que, por cierto -esto de bajar el gasto estatal- encanta a los conservadores. Para no hacerlo tan crudo, podemos reducir la calidad de las prestaciones médicas de modo que la gente muera más joven. O podemos poner “embarazadores” oficiales que preñen a las mujeres, a la vez que se prohíbe el aborto.
O podemos respetar el derecho humano de decidir sobre la propia vida y establecer algo como lo de Chile. El modelo chileno de pensiones -que no es perfecto- básicamente consiste en que cada aportante invierte en su propia -privada- jubilación que deposita en alguna entidad financiera. Esto suele producir una buena rentabilidad y los aportantes se convierten en inversores dentro del sistema productivo del país. El modelo chileno de pensiones reemplaza el sistema cajas estatales de reparto -fondos que los políticos suelen usar para su propio beneficio- por uno de ahorro e inversión.
*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California