En países con políticas favorables a los migrantes, como Estados Unidos y Europa, se enfrentan a un grave problema de delitos cometidos por algunos extranjeros. Los ciudadanos son víctimas de estos crímenes mientras los principales medios de comunicación, las fuerzas del orden y los políticos liberales parecen ignorar la situación, dejando a las víctimas asumir las consecuencias.
En un incidente escandaloso que ocurrió en 2016, un adolescente danés que se defendió con gas pimienta después de ser agredido sexualmente por un migrante, terminó enfrentando cargos legales. Esto no es algo nuevo.
En ese momento, la niña de 17 años mencionó que mientras caminaba cerca de un centro de asilo para migrantes en la ciudad costera de Sonderborg, fue atacada por un hombre solicitante de asilo o refugiado. Fue arrojada al suelo y él intentó desnudarla. Para detener el ataque, ella utilizó gas pimienta.
Aunque podría creerse que la policía se sentiría aliviada de que ella pudiera evitar que la situación se convirtiera en un asalto en toda regla que podría haberle causado daño psicológico y físico permanente, en lugar de eso adoptaron un enfoque antagónico, diciendo que la niña enfrentaría una multa de 500 coronas, que es alrededor de $50, por usar la sustancia porque es ilegal allí.
A los medios daneses les informó un portavoz de la policía local que es ilegal poseer y usar gas pimienta, por lo que es probable que sea acusada por eso.
Las quejas de agresión y hostigamiento hacia los refugiados varones dirigidos por las mujeres son numerosas.
En primer lugar, la protección contra la violación justifica fácilmente el pago de 50 dólares, y aquellos cuyos gobiernos no actúan para prevenir tales crímenes estarían dispuestos a aceptar esa multa para defenderse. Por otro lado, es alarmante que una joven que se defendió de un atacante y probablemente salvó su vida con un producto no letal sea procesada por ello, lo cual refleja cómo muchos países priorizan a los migrantes sobre sus ciudadanos nativos.