Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros celebrado hoy en la Moncloa, la portavoz ha reivindicado el “compromiso del Gobierno con la Memoria Democrática de nuestro país y con la necesidad de promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado”.
“Un paso crucial para transformar este espacio en un lugar que promueva los valores constitucionales y democráticos”
En el plazo de un mes, esta Comisión, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comenzará a operar. La comisión estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministerio de Hacienda; Transporte y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; el ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Cultura y Ciencia e Innovación.
Asimismo, la portavoz y ministra de Educación ha anunciado la aprobación de la nueva prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad que entrará en vigor en junio del próximo año. Una medida "ampliamente debatida con las comunidades autónomas, con las universidades, con los órganos de los rectores, con los estudiantes y con las familias" como ha afirmado la ministra, y que "incluye criterios comunes y homogéneos para todos los territorios, tanto en el formato de las pruebas como a la hora también de evaluar dichas pruebas".
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tomado la palabra durante esta rueda de prensa para informar acerca del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 1/2005, y se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Con esta medida, en palabras de la vicepresidenta, “conseguimos seguir avanzando en la dirección correcta” para lograr el objetivo asumido por la UE para el año 2030 de, al menos, reducir un 55% las emisiones netas de gases de efecto invernadero.
También se han aprobado el Anteproyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, cuyo objetivo es dar respuesta a las nuevas dinámicas y hábitos de consumo en el sector audiovisual, concibiéndolo no solamente como una fuente de patrimonio cultural, sino también como un vector estratégico de desarrollo social y económico; y finalmente, la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la Comunidad, con el que el Gobierno pretende cambiar el enfoque hacia un modelo más personalizado que garantice el respeto a los derechos básicos de las personas que requieren cuidados en España, así como de sus cuidadores y cuidadoras.