VOX ha presentado una denuncia ante la Fiscalía después de conocer que los informes que el Ministerio Público había remitido a la Audiencia Nacional por el asesinato de Juan de Dios Doval en 1980 omiten mencionar a Arnaldo Otegui, a pesar de que dos miembros de ETA declararon que la directriz para cometer el crimen la dio él. Ello a pesar de «la importancia de la misma al ser el fundamento para la calificación de su acción como cooperador necesario e incluso autor intelectual».
La formación que lidera Santiago Abascal refiere en su denuncia las similares incidencias que acaecieron en el trámite del procedimiento en relación al informe Hergueta, donde el escrito del Instituto Armado habría sufrido varias modificaciones, dejando a Otegui sin ningún tipo de alusión en el informe dirigido a la Audiencia Nacional. Además, estas alteraciones provocaron que el escrito fuera entregado fuera del plazo de instrucción, cuando éste además no fue prorrogado por instrucciones de la Fiscalía a pesar del conocimiento de que no había sido entregado el informe definitivo.
La coordinadora Nacional Jurídica, Marta Castro, hace alusión a las informaciones que en los últimos días aseguraban que Fiscalía General habría dado instrucciones para no prorrogar el plazo de instrucción. Y ello, «a sabiendas de que no estaba el informe principal del procedimiento y que la declaración de prescripción impide la prosecución del procedimiento y el enjuiciamiento de los hechos delictivos, dejando impunes a los investigados y sin justicia a la víctima del crimen».
Así, señala Castro que quien haya decidido y emitido instrucciones tanto para la modificación de informes de la Guardia civil como para provocar el retraso en los mismos, y no prorrogar la instrucción cuando estaba pendiente una prueba acordada y trascendental para la investigación como es el informe de la Guardia civil «ha interferido de forma definitiva en las investigaciones, ha manipulado y alterado pruebas esenciales y ha modificado las circunstancias procesales para que resultaran favorecidos los asesinos y terroristas que estaban siendo investigados y que formaban parte de la cúpula de ETA».
En definitiva, hay que investigar las instrucciones jerárquicas recibidas respecto a estos informes así como las emitidas por quién y en qué momento, tanto desde Fiscalía como desde la Guardia Civil. Si bien, Castro señala que la utilización de estas instituciones «para las finalidades espurias que se infieren» apuntan «a las más altas jerarquías de ambos: el Fiscal General del Estado y el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por ello, solicita que se tome declaración a ambos.
Castro ha solicitado a Fiscalía, además, que declare la teniente Fiscal Marta Durántez; que se pidan los expedientes completos llevados por la Guardia Civil, del conocido como caso Doval y caso Helgueta, incluidas las instrucciones modificativas de los informes a presentar en el juzgado, aportando los correos o el instrumento de comunicación de las mismas.
Solicita, además, diligencia, si existiera, de la aprobación del escrito definitivo con su validación para su envío a los respectivos procedimientos en la Audiencia Nacional, así como la constancia de cualquier modo de cualesquiera instrucciones emitidas por la Fiscalía General del Estado sobre los dos asuntos objeto de la denuncia; y que se acuerde iniciar expediente disciplinario interno correspondiente para averiguar el motivo de la omisión en el informe de la referencia expresa a Arnaldo Otegui así como del retraso en la presentación del informe Helguer.