La implacable guerra en Gaza no ha dejado indemnes a los hospitales, a su personal ni a las personas que se refugian en ellos, declaró el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU al revelar datos que indican más de 350 ataques contra la asistencia sanitaria en el enclave desde que estallaron las hostilidades.
Un total de 645 personas han muerto desde el 7 de octubre y otras 818 han resultado heridas como consecuencia de estos incidentes, declaró el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tarik Jasarevic, en un momento en el que se denunciaba que una enfermera había sido tiroteada y herida de gravedad en el quirófano de un hospital de Jan Yunis.
"Estos ataques han afectado a 98 centros sanitarios, 27 de los cuales han sufrido daños, y a 90 ambulancias, 50 de las cuales han sufrido daños", declaró Jasarevic a los periodistas en Ginebra.
En su última actualización sobre la crisis, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) informó de que el jueves se habían producido más "intensos combates" en Jan Yunis, en el sur de Gaza, con bombardeos y disparos de artillería pesada.
Citando a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, la Oficina Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA) de la ONU dijo que el Hospital Nasser y el Hospital Al Amal -según se informa, sitiados desde hace 17 días, han seguido siendo particularmente afectados por la violencia que "está expulsando a miles de personas" de la ciudad hacia el sur, a Rafah.
La actualización de la OCHA también transmitió informes de la autoridad sanitaria de Gaza sobre continuas "denuncias de disparos de francotiradores en las inmediaciones del Hospital Nasser" y denuncias de que el Ejército israelí había impedido la circulación de ambulancias y el acceso a las instalaciones.
"El 8 de febrero, una enfermera resultó herida de gravedad mientras se encontraba en la sala de operaciones del hospital Nasser, y dos palestinos murieron por disparos en las inmediaciones", según la actualización de OCHA. "El 7 de febrero, una mujer palestina fue presuntamente tiroteada y asesinada mientras supuestamente iba a buscar agua al Hospital Nasser".
Los últimos datos de la OMS también ponían de relieve el creciente número de ataques contra la asistencia sanitaria en la Cisjordania ocupada desde que estalló la guerra entre Gaza e Israel el 7 de octubre, después de que los ataques dirigidos por Hamás, ampliamente condenados, dejaran 1200 israelíes y extranjeros masacrados y más de 250 tomados como rehenes.
En Cisjordania se han producido unos 364 atentados contra la asistencia sanitaria, con un balance de 10 muertos y 62 heridos, según Jasarevic. Señaló que 44 instalaciones sanitarias se habían visto afectadas, incluidas 15 clínicas móviles y 24 ambulancias.
El último balance de los combates en Gaza es de al menos 27.840 víctimas mortales y más de 67.300 heridos, según la autoridad sanitaria local. Hasta el 8 de febrero, 225 soldados israelíes habían muerto y 1314 habían resultado heridos en Gaza desde el comienzo de la operación terrestre, según el Ejército israelí.
El personal humanitario de la ONU siguió destacando que el riesgo de hambruna en Gaza aumenta "día a día", especialmente en el norte de Gaza.
Según la OCHA, cientos de miles de personas han quedado "prácticamente aisladas de la ayuda", a pesar de que es allí donde se encuentran las mayores necesidades, ya que, según los informes, muchas de ellas muelen piensos para hacer harina.
Desde el inicio de la crisis, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha entregado 1940 camiones, el 19% de todos los camiones de ayuda, con más de 32.413 toneladas de alimentos vitales.
La última vez que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, pudo llevar a cabo una distribución de alimentos en el norte de Wadi Gaza fue el 23 de enero, señaló la actualización de la OCHA.
Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió que la destrucción generalizada de bienes, no justificada por necesidades militares y llevada a cabo de forma ilegal y gratuita, constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y un crimen de guerra.
La declaración se produce ante lo que parece ser la creación de una zona de amortiguación por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, que están destruyendo todos los edificios de la Franja que se encuentran a menos de un kilómetro de la valla entre Israel y Gaza.
“Las destrucciones llevadas a cabo para crear una zona de amortiguación con fines de seguridad general no parecen ajustarse a la estrecha excepción de las operaciones militares establecida en el derecho internacional humanitario”, añadió Volker Türk.
Además, desde finales de octubre de 2023, la Oficina del Alto Comisionado ha registrado la destrucción y demolición generalizadas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel de infraestructuras civiles, incluidos edificios residenciales, escuelas y universidades, en zonas en las que ya no se combate, e Israel no ha dado razones convincentes para justificarlo.
A este respecto, Türk señaló que este tipo de destrucción generalizada consolida el desplazamiento de las comunidades que vivían en estas zonas, y parece tener como objetivo hacer imposible el regreso de los civiles. “Recuerdo a las autoridades que el traslado forzoso de civiles puede constituir un crimen de guerra”, finalizó.
"El artículo 53 de la Convención de Ginebra prohíbe la destrucción por la potencia ocupante de bienes pertenecientes a particulares, excepto cuando dicha destrucción sea absolutamente necesaria debido a operaciones militares", declaró Marta Hurtado, portavoz de la citada oficina.
"La destrucción llevada a cabo para crear una zona de amortiguación con fines de seguridad general no parece coherente con las (...) operaciones militares", añadió Hurtado.
Preguntada sobre una supuesta una operación antiterrorista israelí en el interior de un hospital de Cisjordania que dejó tres militantes palestinos muertos a finales del mes pasado, Hurtado señaló que las fuerzas de seguridad israelíes habían afirmado que uno de los objetivos tenía un arma", afirmación negada por el personal del hospital.
No se registró ningún intercambio de disparos, dijo, y Hurtado subrayó que, según la legislación internacional aplicable en materia de derechos humanos, las armas de fuego sólo pueden utilizarse cuando sea estrictamente necesario para evitar una amenaza inminente para la vida o lesiones graves, y que, de otro modo, es ilegal.