El partido de Abascal ya ha advertido en numerosas ocasiones de los peligros de poner la gobernabilidad de España al servicio de quienes pretenden romper la unidad de la nación. Por ello, el texto registrado propone la tipificación de un nuevo tipo delictivo orientado a castigar a quienes negocien asuntos propios de las Cortes Generales con quienes han sido procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional.
Así, la enmienda a la totalidad de VOX propone que estos delitos sean castigados con penas que van desde los seis a los diez años de prisión, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años.
El Grupo Parlamentario VOX también se reitera en propuestas formuladas y registradas en anteriores ocasiones. Este es el caso de la reforma del Código Penal para incrementar penas relacionadas con los referéndums ilegales que atenten contra la unidad e integridad nacional.
Asimismo, propone un endurecimiento penal en los casos de ultrajes a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno, la recuperación del tipo penal de sedición y la pérdida de la nacionalidad para los delincuentes cuyo origen no sea español.
El GP VOX también exige la prohibición de los referéndums sobre la integridad territorial de la nación y, en la ley Orgánica del Régimen Electoral General, promueve la ilegalización de partidos que trasgredan los límites del respeto a la unidad y la soberanía de España o atenten contra su integridad territorial. Es decir, la ilegalización de los partidos separatistas que amenacen la unidad de España y el orden constitucional. La formación liderada por Santiago Abascal mantiene esta reivindicación defendida únicamente por VOX durante años.