Javier Milei, el libertario, propone un proceso de desregulación para liberalizar las fuerzas productivas del país. Quiere desarmar un arsenal de regulaciones que están boicoteando su desarrollo. Incluye al comercio exterior, el comercio interior y los servicios públicos. Diana Mondino, la futura Ministra de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina y economista, confirmó que la agenda del Presidente buscará un activo proceso de desregulación desde 1991.
Mondino, en conversación con los principales empresarios industriales del país, aseguró que el nuevo Gobierno tiene la intención de derogar entre 500 y 530 leyes que obstaculizan la actividad económica. Estas leyes forman parte de la "Ley Ómnibus" que será presentada al Congreso el 10 de diciembre, aunque también se considera la posibilidad de eliminar algunas mediante decreto. Dichas regulaciones afectan al comercio exterior, al comercio interior y a la fijación de precios de servicios públicos utilizando criterios arbitrarios.
Desde el famoso Decreto de Desregulación de la Economía, firmado por el ex presidente Carlos Menem en 1991 y que puso fin a más de 4 décadas de dirigismo estatal exacerbado, no se había visto un programa de desregulación de semejante calibre. Se busca adoptar un marco regulatorio convencional que únicamente velará por la prevención de prácticas anticompetitivas en el mercado, finalizando así con las funciones regulatorias de la Secretaría de Comercio sobre precios y cantidades. Por ejemplo, se regularán fusiones y adquisiciones con los mismos criterios que utilizan la mayor parte de las economías modernas.
El sistema SIRA, que ha institucionalizado la corrupción en la administración pública, será eliminado para poner fin a su papel restrictivo en las importaciones. Esto ha causado grandes costos para las empresas debido a las coimas millonarias solicitadas y ha afectado negativamente a los usuarios al provocar escasez interna. Además, se buscará rediseñar la ecuación económico-financiera con las empresas proveedoras de servicios públicos de manera virtual. El objetivo no solo es evitar que el ajuste recaiga mayormente en el sector privado a través de precios, sino también establecer una regulación más transparente y viable para las empresas en lugar de asignar tarifas discrecionalmente como se ha hecho hasta ahora.