La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez, ha defendido la moción de VOX y ha expuesto el artículo 9 de la Ley de Partidos, que expresa que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma se quiera deteriorar o destruir el régimen de libertades, o imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante conducta ilícita e ilegales, realizada hoy, realizada de forma reiterada y grave.
Gómez ha recordado las acciones realizadas durante la «Operación Judas», donde acabaron detenidos 13 integrantes que estaban fabricando explosivos. Y Tsunami Democràtic, que protagonizó el asalto a la pista del aeropuerto del Prat en Barcelona y el bloqueo del paso fronterizo de La Junquera. «No se puede consentir que existan partidos políticos que sirvan de amparo, impulso a terroristas y que le den apoyo o complemente en su actividad política», ha insistido la portavoz de VOX.
Sin embargo, ahora estos hechos quedarán borrados por la amnistía pactada con el Grupo Socialista a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Y es por ello, precisamente, que la senadora de VOX ha preguntado a la Cámara: «¿No han visto que durante estos últimos días y semanas millones de españoles se han manifestado y se siguen manifestando de forma pacífica en las calles de toda España? ¿Por qué no les escuchan?».
La senadora ha explicado al Grupo Socialista su «equivocación» al intentar «convencer y demostrar que la situación en la que nos encontramos hoy día, y a la que ustedes han dado pie metiendo a delincuentes en el Gobierno, nos ha llevado al abismo, es normal». «¿Es una, según ustedes, una situación normal dentro de una investidura, en un sistema democrático? «, ha preguntado Gómez para responder de inmediato que es un golpe de Estado».
En definitiva, el PSOE no ha cedido a la amnistía para «pasar página, para la convivencia, la concordia entre todos los ciudadanos». «No se engañen a ustedes mismos ni no intenten engañar a nosotros ni a los ciudadanos». Y ha ido más allá, al asegurar que «quien manda de verdad está acusado, entre otras cosas, de terrorismo, malversación agravada, blanqueo de capitales, responsabilidad contable, usurpación de funciones pública, falsificación, tráfico de drogas, etc.».