Los senadores de VOX, Fernando Carbonell, Paloma Gómez y Ángel Pelayo, han registrado un escrito en el que solicitan al Letrado Mayor de la Cámara un informe sobre la constitucionalidad de la constitucionalidad del texto de la Proposición de Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Todo ello, sin perjuicio del posterior análisis de las enmiendas que se puedan aprobar en su tramitación en la Cámara Baja y que eventualmente llegue al Senado.
Advierten los senadores en su escrito que esta ‘Ley de Amnistía’ «compromete, además, el derecho fundamental de los parlamentarios, incluidos los miembros de esta Cámara, a ejercer sus funciones de representación con arreglo al artículo 23 de la Constitución Española» «Si, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el ejercicio de la función legislativa pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, tal núcleo no puede dejar de verse afectado por la imposición de la tramitación de una iniciativa legislativa claramente contraria a la Constitución», argumenta VOX.
Además, denuncian que la obligación de participar en la discusión y en el voto de propuestas «que vulneran flagrantemente la propia norma constitucional es un atropello a los derechos de los senadores como representantes públicos». «Los parlamentarios que se sujetan al ordenamiento jurídico y a sus límites se ven en una posición de inferioridad respecto a quienes pretenden desarrollar esa representación sin respetar cortapisa constitucional alguna».
Los senadores de VOX recuerdan que «tan grave es la situación» que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una declaración Institucional así como varios Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, y instancias judiciales han manifestado asimismo su honda preocupación. Además del rechazo a la amnistía expresado por colegios de abogados, distintas asociaciones de miembros de profesiones jurídicas y de funcionarios del Estado, y otras entidades de los ámbitos académico y empresarial.
En definitiva, «es imprescindible solicitar al Letrado Mayor de la Cámara que, con la mayor brevedad emita informe sobre la conformidad de la mencionada proposición de ley orgánica de amnistía a la Constitución, y sobre los efectos que tendría una más que posible declaración de su inconstitucionalidad».