Javier Elorza, diplomático y negociador del gobierno de Felipe González, ha sido reconocido en Bruselas como el padre de un importante instrumento financiero llamado fondos de cohesión. Este instrumento permite a los países de la Unión Europea con renta per cápita inferior al 90% de la media acceder a fondos especiales. Actualmente, España está nuevamente en condiciones de beneficiarse de estos fondos, lo que conduce a dos conclusiones significativas.
En primer lugar, España ha vuelto a ingresar al "club de los países pobres" de la Unión Europea, después de haber dejado de ser elegible para estos fondos. En segundo lugar, si España no solicita estos fondos, perderá la oportunidad de recibir 6.600 millones de euros que Bruselas está dispuesta a otorgar. Sin embargo, la inactividad del Ministerio de Hacienda en Bruselas para solicitar los fondos y la ineficacia en la gestión de otros fondos, como los fondos Next Generation, sugieren una falta de necesidad financiera en España.
Existe un dilema subyacente, ya que solicitar estos fondos implicaría admitir una realidad incómoda: que España ha retrocedido económicamente y se ha reintegrado en el club de los países pobres. Esta situación explica por qué España continúa enfrentando un alto desempleo estructural y un aumento en el riesgo de exclusión social. Nuestro país se encuentra en una situación significativa que no se está abordando adecuadamente, y además, estamos experimentando una disminución en nuestro nivel de vida.
La presión fiscal en España también está aumentando a un ritmo tres veces superior al promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Esto se debe a un incremento en los impuestos y a una política económica que no considera adecuadamente la inflación. Además, España enfrenta un desafío significativo con su creciente deuda pública, lo que se traduce en impuestos en diferido para años futuros.
A pesar de este panorama económico desalentador, no se vislumbra un plan concreto por parte del gobierno para solucionar esta situación. Tampoco se prevé una reducción en la presión fiscal en el corto plazo, ya que se espera un déficit anual de 48.000 millones de euros para los próximos cinco años. La situación actual está llevando a empresas y ciudadanos a buscar asesoramiento para salir del país, ya que el sistema fiscal español parece penalizar a aquellos que buscan prosperar. Además, el ambiente empresarial en España está contaminado debido a la persecución y la falta de apoyo por parte de la administración.
En resumen, España ha vuelto a ser catalogada como país pobre, lo cual tiene implicaciones significativas en términos económicos y sociales. La presión fiscal sigue aumentando y no se vislumbra un plan concreto para solucionar esta situación. Mientras tanto, las empresas y los ciudadanos continúan enfrentando dificultades económicas y se busca una salida del país.