Docenas de empleados escolares con sede en Inglaterra están siendo vigilados de cerca por el Departamento de Educación británico (DfE), según informa Reclaim the Net. El objetivo de esta vigilancia es detectar cualquier disidencia o crítica a las políticas del DfE. Entre los vigilados se encuentran expertos en educación, maestros modestamente remunerados, asistentes de enseñanza, bibliotecarios e incluso los miembros peor pagados del personal de servicios auxiliares.
Muchos, indignados, no perdieron tiempo en hacer y enviar solicitudes de acceso de sujetos (SAR) para hacer valer sus derechos a acceder y recibir copias de sus datos y otra información complementaria. Además, obligaron al DfE a divulgar toda la información que tenía a su nombre. Después de descubrir que algunos de los archivos tenían hasta 60 páginas, el personal docente y de apoyo ordinario se mostró "atónito". Estos archivos contenían sus tuits y comentarios sobre políticas gubernamentales o la Oficina de Estándares en Educación, Servicios y Habilidades para Niños (Ofsted), la inspección de las escuelas.
Nikki Cleveland, una asistente de enseñanza de nivel superior y bibliotecaria de escuela primaria que se dedica principalmente a publicar libros para niños, quedó sorprendida al darse cuenta de que estaba "en su radar". Después de descubrir a través de un archivo SAR que el DfE tenía registro de sus quejas sobre la falta de fondos para las bibliotecas escolares y sus tuits acerca de las demandas irrazonables de Ofsted, expresó su furia. Jon Biddle, profesor de inglés en una escuela primaria, quien ha admitido ser más vocal en sus críticas hacia la política del gobierno, no se sorprendió cuando sus sospechas sobre estar siendo monitoreado fueron confirmadas por el archivo SAR que recibió.
"No es este un buen uso del tiempo y los recursos limitados del DfE", subrayó, destacando que hay desafíos urgentes que las escuelas deben abordar. Hace dos semanas, The Observer informó sobre una conferencia que el DfE intentó cancelar a menos que dos expertos en primera infancia, incluidos en la lista de oradores, solo participaran virtualmente a través de la plataforma Zoom. Según los informes, los organizadores de la conferencia rechazaron la condición de Zoom y afirmaron que no podían obligar a 120 cuidadores de niños y trabajadores de guarderías a renunciar a su fin de semana para viajar por todo el país y luego ver una pantalla.
La asesora de mejora escolar Ruth Swailes y el orador internacional sobre crianza y desarrollo infantil, el Dr. Aaron Bradbury, fueron considerados "inadecuados" por el DfE por criticar abiertamente la política del gobierno. Swailes especuló que la condición de realizar el evento "a través de Zoom" era para que los funcionarios tuvieran la capacidad de interrumpirlos si no les gustaba lo que decían. Según The Guardian, después de amenazar al departamento con acciones legales, se permitió finalmente que el evento continuara. Se informó que un alto funcionario del gobierno estuvo presente para "monitorear" sus declaraciones.