El negocio controlado por el crimen organizado de 13 millones de dólares al año ha transformado el contrabando de inmigrantes ilegales a Estados Unidos en la última década. Anteriormente, era una red dispersa de traficantes de personas independientes y autónomos conocidos como coyotes.
El contrabando de inmigrantes ilegales, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es considerado como una "violación flagrante de las leyes fronterizas y de inmigración de un país". Sin embargo, no se puede afirmar que sea una violación de los derechos humanos de una persona, ya que en el contexto del "contrabando", las personas dan su consentimiento para ser trasladadas a través de una frontera a cambio de un pago por el servicio facilitado.
Según Guadalupe Correa-Cabrera, experta en contrabando de la Universidad George Mason, los precios del servicio varían generalmente entre 4.000 dólares para los migrantes provenientes de América Latina y 20.000 dólares para aquellos que necesitan ser trasladados desde África, Asia o Europa del Este.
En los últimos años, se ha observado que los cárteles han estado recibiendo un "impuesto" de los coyotes con el fin de permitir el traslado de migrantes a través de los territorios bajo su control a lo largo de la frontera. Sin embargo, en 2019, se pudo evidenciar que los sindicatos del crimen organizado, como los cárteles de la droga, encontraron una nueva fuente de ingresos mucho más lucrativa: el tráfico de migrantes. Esto se debe a la gran cantidad de personas que buscan mudarse a Estados Unidos.
Personas que publicaban información errónea en plataformas de redes sociales como Facebook atrajeron a muchos inmigrantes ilegales para ir a Estados Unidos, según un informe del Proyecto de Transparencia Tecnológica (TTP, por sus siglas en inglés). Estos individuos prometieron ayudar a los inmigrantes ilegales a ingresar a los EE. UU., solo para robarles su dinero o abandonarlos en situaciones peligrosas.