Mi viejo marino por su provecta edad me comenta con sorna y una cierta melancolía, que está muy lejos de afectarle esa sentencia.
Aunque me observa y me dice:
― Es verdad que eso me queda lejos, pero al escucharlo me he hecho algunas preguntas. La primera es que solo se puede reclamar del 2014 a 2017 ¿Qué ocurre con los años anteriores?
Le comento que son los cuatro años, que lo anterior ha prescrito.
― Lo que me estás diciendo es que no se les devuelven el dinero a aquellos padres que hayan tenido hijos con anterioridad al 2014. Es decir que se han ahorrado un dinero.
Más o menos, le contesté, pero ahora podrán reclamar hasta el 30 de junio de 2019 a la Agencia Tributaria esas cantidades.
Moviendo la cabeza prosiguió:
― Esta es otra cosa de las que no entiendo y quiero preguntarte ¿Por qué tienen que reclamar? Si la Agencia Tributaria tiene todos los datos, si hasta te hacen tu Declaración de la Renta ¿Por qué no lo hacen de oficio, y no marean a la gente?
Sin darme tiempo a contestar siguió enfrascado en su monólogo:
―Para que vamos a facilitar las cosas, que se molesten los ciudadanos. Que hagan escritos, que rellenen documentos. Que haya funcionarios revisando expedientes. Además, así se ahorran el dinero y los intereses de los que no reclamen porque son cantidades pequeñas, por desconocimiento, por estar fuera de plazo o sencillamente porque no vivan en estos momentos en España. ¡Es todo tan absolutamente artificial y burocrático!
Mientras estaba dando algunas explicaciones, diciéndole que compartía algunas cosas, pero que otras no eran tan dramáticas como las estaba planteando. Que la justicia es lenta, pero lleva sus pasos y al final las cosas se soluciona.
En eso que me estaba escuchando, vi su cara de desaprobación y me espetó:
― ¿Y quién paga los intereses de demora? ¿Si al contribuyente le quitan la razón, paga una multa, quién paga esa multa?
Estaba mudo y preocupado por la deriva de la conversación, cuando continuó:
― El Estado pleitea porque no le cuesta nada, recurre y recurre. ¿Por qué si a un particular tiene que pagar costas en todas las instancias no lo hace el Estado? ¿Por qué no se derivan responsabilidades a los que tomaron la decisión de llevarlo al Supremo cuando ya había sentencias previas?
Prosiguió:
― ¿Dónde queda eso de que todos somos iguales ante la ley? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Cuándo se le podrán pedir responsabilidades económicas y penales a los que promuevan esos desafueros?
Intenté meter baza, coincidí en que era un contrasentido que, por un lado, nos alarmemos que nuestra sociedad se está envejeciendo, que la pirámide de población es peligrosa y que, por otro lado, cuando se dictan ayudas a la maternidad, llega la Agencia Tributaria y te quita parte de ese dinero.
Asintió con la cabeza y añadió:
― Si, pero no dices nada sobre exigir responsabilidades. No dices de cómo se llenan los tribunales de demandas que deberían estar resueltas de otro modo.
Y concluyó:
― No quiero ser contribuyente, no quiero ser votante, no quiero ser ciudadano, ¡Quiero ser cliente!
Me despedí de él pensando que eso era idílico, y que seguramente no lo veré, porque esas cosas no suelen ocurrir en mi aldea.