Huyendo en un coche, el 30 de octubre de 2017 y solo tres días después de la fallida declaración de independencia de Cataluña y ante la inminente querella de la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación, el líder de Junts se refugió en Bruselas.
La amnistía que está preparando Sánchez permitirá anular los delitos por los que fueron condenados los dirigentes del proceso separatista catalán, facilitando así el retorno de Puigdemont.
A pesar de la reforma que eliminó el cargo de sedición, el juez instructor Pablo Llarena mantiene las acusaciones por malversación y desobediencia contra el dirigente independentista.
Una vez que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no hay impedimento para que Puigdemont regrese. Las salas de enjuiciamiento deberán aplicarla en sus respectivas causas y no podrán oponerse a lo que determine el legislador.
En el caso de Puigdemont, corresponderá al Supremo tomar los siguientes pasos y podría intentar paralizarla. Sin embargo, como advirtió Llarena en el auto en el que rechazaba la quinta recusación presentada por Puigdemont: "No me corresponde a mí resolver sobre la eventual constitucionalidad de la norma, ni siquiera me incumbirá cuestionar su validez constitucional".
El Supremo, si tiene dudas sobre la validez de la ley, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Incluso, si considera que la amnistía va en contra del derecho comunitario, podría llevarla al Tribunal de Justicia de la UE.
Es previsible que el Partido Popular también presente un recurso correspondiente. Además, la Audiencia Nacional, encargada del proceso de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, o cualquier tribunal con causas relacionadas con el procés, también puede hacerlo. Sin embargo, el recorrido parece estar limitado debido a que el Constitucional está presidido por Conde-Pumpido y cuenta con una mayoría de izquierdas.
Según fuentes jurídicas consultadas por 'OK diario', en el momento en que el órgano de garantías no se pronuncie y una vez aprobada la ley, la orden de detención de Puigdemont quedará sin efecto, lo que permitirá al separatista prófugo regresar a España de inmediato. En caso de que se declare su inconstitucionalidad, Llarena podría continuar con la instrucción y solicitar la extradición, aunque esto es poco probable.
Desde noviembre de 2017, el juez ha estado tratando de traer a Puigdemont a España para juzgarlo. Sin embargo, el proceso para su arresto ha sido extremadamente complicado.
En un intento de retrasar aún más el proceso, el líder de Junts ha apelado al plazo que le dio Llarena el pasado 19 de septiembre. Este plazo requería que demostrara si había recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la suspensión de su inmunidad como eurodiputado, con el objetivo de reactivar la euroorden.
Con esta maniobra, el dirigente separatista busca ganar tiempo antes de que se apruebe una amnistía inminente que lo liberará de sus problemas legales.