Entre 1977 y 1987, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevaron a cabo diligencias que implican al actual coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, en nueve secuestros. Además, doce miembros de ETA han declarado que Otegi fue el ordenante del asesinato de Juan de Dios Doval, político de Unión de Centro Democrático (UCD). Estas investigaciones se realizaron durante la década en la que Otegi era miembro activo de la organización terrorista.
Hasta ahora, se desconocía por completo el historial del líder abertzale. Parte de este ha sido recopilado por la periodista Leyre Iglesias en el diario El Mundo, junto con los testimonios de sus compañeros en ETA. La mayoría de los delitos por los que Otegi fue sospechoso durante sus años como terrorista en activo no han sido juzgados. Esta etapa abarca desde su ingreso en ETA político-militar (ETA-pm) en 1977 hasta 1987, cuando Francia lo entregó como miembro de ETA militar (ETA-m). La organización siguió existiendo hasta su disolución total en 2018.
Hasta ahora, Otegi ha estado relacionado con tres secuestros: el de Luis Abaitua, directivo de la planta Michelin en Vitoria, por el cual fue condenado; y los de los políticos de UCD Gabriel Cisneros y Javier Rupérez, de los cuales fue absuelto. Sin embargo, según la documentación policial a la que El Mundo ha tenido acceso, no son los únicos.
Además de participar en dos atracos y un asalto a mano armada, los antiguos miembros de ETA han implicado al líder abertzale en otros seis secuestros. Dos de ellos fueron frustrados y otros dos fueron ordenados por él, al igual que el asesinato de Juan de Dios Doval en San Sebastián el 31 de octubre de 1980.
Mientras era líder de dos comandos y dirigente desde Francia tras su partida, una docena de militantes etarras lo acusaron de varios delitos terroristas, incluyendo la colocación de explosivos, robos de armas y dinero, reclutamiento de nuevos miembros, seguimiento de objetivos y cursos de entrenamiento en armas y explosivos que él mismo dirigía. No es una excepción que Otegi haya enfrentado pocos procedimientos judiciales.
Solo se ha resuelto uno de los 28 asesinatos cometidos por los llamados "polimilis". Esto se debe a varios factores, como la escasa colaboración de Francia, fuerzas de seguridad y tribunales desbordados en ese momento, y las negociaciones impulsadas a partir de 1981 por Juan José Rosón, ministro del Interior con Adolfo Suárez, para intentar lograr que renunciaran a las armas.
La existencia de casos sin resolver se explica por el archivo de muchas investigaciones que este diálogo llevó. Además, en aquellos años de plomo de la organización, ETA mataba a diario y la mayoría de esos asesinatos quedaron sin respuesta. Sin embargo, a partir de los años 90, la maquinaria policial y judicial mejoró.