CIUDAD DE MEXICO.- El equipo legal de un empresario mexicano afectado por el escandalo de la Banca Privada de Andorra (BPA), denuncia penalmente a autoridades andorranas por omitir ordenes internacionales y su presunción de inocencia. Dicho empresario que ha estado bajo investigación durante ocho años, con millones de euros aprendidos provisionalmente ha presentado una demanda penal contra el fiscal adjunto Alfons Alberca y la juezas María Angels Moreno Aguirre y Estefanía García García.
El fiscal Alfons Aberca envió una solicitud para mantener dicha investigación al Estado de México para indagar esta persona por el presunto delito de blanqueo de activos y otros crímenes. La respuesta recibida en diciembre 2020 por parte de la fiscalía mexicana, fue que el empresario era absolutamente inocente de las supuestas acusaciones de lavado de activos o cualquier delito relacionado, sin embargo las autoridades de Andorra ignoraron sus propias rogatorias internacionales, violaron los convenios y continúan con una investigación forzadas y sin competencia para mantenerla.
Las autoridades andorranas, tendrán que rendir indagatoria ante las instancias diplomáticas mexicanas por el completo desacato de sus ordenes y la tentativa mal intencionada de forzar una investigación sin bases. Ahora tendrán que ser notificados y estarán sujetos a una orden de conducción internacional para que su proceso en Los Estados Unidos Mexicanos pueda darse inicio y estar formalmente arraigados
El caso BPA, el escandalo bancario y financiero más importante que se ha producido en el Principado de Andorra, sigue con los juicios interminables hacia sus miles de afectados por supuestas investigaciones que los mismos llaman infundadas, de igual manera pintan a las autoridades andorranas de forzar los procesos con la finalidad de retener su dinero sin siquiera poder poblarles un delito.
A mediados del 2020 se exhibió al mundo entero el documental La Estafa de Andorra donde se plasmaron todas las afectaciones de los miles de afectados por esta investigación y el viacrucis que los mismo han tenido que pasar durante sus procesos.
Muchos empresarios se vieron envueltos en un conflicto de poderes políticos españoles, donde se le violentaron todos sus derechos y se tomaron tratos arbitrarios a los mismos por las autoridades del Principado de Andorra.
El letrado comenta que los juicios por las autoridades Andorranas están fuera de la base de un contexto judicial, a razón que los elementos de investigación son pruebas solicitadas a los países de origen de los supuestos investigados, cuando el país certifica que dicha investigación no arroja resultados y el mismo nombra de inocente al señalado, los fiscales y jueces continúan forzando ya una investigación sin fundamentos legales entendibles.
El empresario declaró, después de ocho años de este fraude, todavía los arquitectos de esta corrupción de Andorra siguen sin levantar las medidas cautelares y continúan con las acusaciones infundadas; en cualquier país del mundo es una completa violación de derechos tener una investigación por tiempo indeterminado y aún es más descarado, cuando ya se han presentado todos las pruebas que desmintieron sus acusaciones, no hay otra palabra para definir esto como un fraude y robo por parte de estas juezas y este fiscal que ahora serán procesados por un acciones.