Desde el principio, Estados Unidos sabía de los impactantes crímenes del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien transformó su país en un narcoestado de facto. Este político encarcelado robó elecciones utilizando dinero proveniente del narcotráfico y llenó los servicios de seguridad del Estado con capos del crimen, según revela una moción presentada por el Departamento de Justicia.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) descubrió que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, apenas unas semanas después de asumir su cargo en 2014, estaba profundamente involucrado en la gigantesca red de narcotráfico del país. Sin embargo, a pesar de haber obtenido evidencia en video que demostraba que Hernández "autorizó efectivamente el tráfico de drogas" en Honduras, meses después la DEA recibió al presidente hondureño con honores en su centro de comando y control del norte de Virginia.
Durante la reunión de junio de 2014, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, declaró que el compromiso en estos asuntos es impresionante y que es increíble ver el trabajo que ha hecho este gobierno en estos últimos meses, promocionando así la dudosa campaña antinarcóticos de Hernández.
Hernández llegó al poder en Honduras tras un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que colocó a su Partido Nacional, alineado con Washington, al frente del gobierno en Tegucigalpa, tal y como se establece en la primera parte de esta serie. La explosión de delincuencia y pobreza desencadenada por el golpe provocó una sucesión de oleadas migratorias hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Además, Hernández transformó a Honduras en un narcoestado de facto, ante la mirada de los funcionarios estadounidenses.
Los líderes de los cárteles hondureños han admitido ante los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) que realizaron pagos ilegales para colocar a Hernández y a su predecesor, Porfirio Lobo, como presidentes. Según los fiscales, durante todo el gobierno del Partido Nacional, Lobo y Hernández financiaron sus respectivas carreras políticas con dinero proveniente del narcotráfico y utilizaron los recursos del Estado hondureño para beneficiar a los capos del narcotráfico.