Mediante la introducción de un requisito obligatorio, el gobierno sueco está tomando medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Se ha informado que más de 100.000 personas viven ilegalmente en el país. En una conferencia de prensa el jueves, Maria Malmer Stenergard, ministra sueca de Migración, anunció que pronto los empleados de las instituciones públicas estarán obligados a notificar a las autoridades sobre los encuentros con inmigrantes ilegales. Si no cumplen con esta obligación, podrían enfrentar medidas punitivas.
"La sociedad en la sombra puede ser contrarrestada por la propuesta de denuncia obligatoria de los ilegales en el sector público", informó Stenergard a los medios. Según explicó, esta medida forma parte del cambio de paradigma que el gobierno actual está implementando en su política migratoria. Entre las instituciones públicas que podrían verse obligadas a denunciar a los inmigrantes ilegales se encuentran los centros de trabajo, las oficinas de bienestar social y las bibliotecas, aunque algunas podrían quedar exentas.
Stenergard informó que los servicios de salud podrían no estar obligados a informar sobre los inmigrantes ilegales, aunque no se sabe si las escuelas también estarán exentas. Aquellos que no cumplan con los requisitos de presentación de informes podrían enfrentar problemas. Actualmente existen regulaciones sobre mala conducta y podría haber un proceso civil con multas involucradas. Sin embargo, el ministro mencionó que el investigador debe evaluar lo que es razonable y adecuado en términos de consecuencias.
Los planes son necesarios para tomar medidas enérgicas contra las aproximadamente 100,000 personas que actualmente viven en Suecia sin permiso, agregó. Los críticos del plan afirman que tal medida podría disuadir a las personas de buscar ayuda de las autoridades y exacerbar la "sociedad en la sombra" que el ministro busca erradicar, afirmaron. Además de los requisitos de presentación de informes propuestos, el gobierno de centroderecha, apoyado por los derechistas Demócratas de Suecia, planea extender el uso de la detección biométrica, incluido el uso de huellas dactilares y reconocimiento facial, para fortalecer los controles sobre las personas que ya viven en el país, informaron.
"Según Christian Carlsson, portavoz de migración de los demócratas cristianos cogobernantes, se está considerando la posibilidad de tomar y almacenar huellas dactilares y fotografías en más casos y durante un período de tiempo más largo. Además, se está evaluando la opción de permitir controles aleatorios de inmigración, los cuales actualmente no están permitidos en el país. Asimismo, se está discutiendo la prolongación o abolición de las fechas de vencimiento de las órdenes de expulsión, que actualmente duran cuatro años. Por último, el gobierno también está explorando la posibilidad de implementar prohibiciones de reingreso al país."