Según un informe del periódico The New York Times, se habrían entregado a las autoridades mexicanas alrededor de 23.000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. Estos documentos demostrarían la existencia de una colusión entre el cártel Guerreros Unidos y militares y políticos del país latinoamericano.
Agentes de la Policía, según nuevas evidencias, obedecieron órdenes directas de narcotraficantes
Agentes de la Policía, según nuevas evidencias, obedecieron órdenes directas de narcotraficantes en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Se ha obtenido información que indica que policías y varios funcionarios gubernamentales ayudaron al cártel a secuestrar y asesinar a los estudiantes o tenían conocimiento del crimen sin hacer nada para detenerlo, e incluso intentaron ocultar su participación en el asesinato.
Los meses de comunicación previos al suceso demuestran que el grupo criminal estaba cada vez más preocupado debido a las luchas internas y al avance en su territorio de bandas rivales, según los mensajes obtenidos por el periódico estadounidense. Las intervenciones telefónicas mostraron que habían ahogado a uno de los mayores jefes de esa organización criminal y arrestado a otro más, lo que llevó a los nuevos jefes a perder la confianza en sus filas. En ese contexto de alerta, los fiscales ahora aseguran que integrantes del grupo confundieron los autobuses que transportaban a los estudiantes con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar. Aunque ninguno de los mensajes se refiere directamente a la noche del 26 de septiembre de 2014.
Un médico forense, cuya familia operaba un crematorio, estaba involucrado en la red
Se ha revelado en un testimonio inédito que un médico forense, cuya familia operaba un crematorio, estaba involucrado en la red. Un miembro del cártel informó a las autoridades que los hornos solían ser utilizados para "hacer desaparecer a las personas sin dejar rastro", lo que sugiere que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados en ese lugar. Los mensajes también demuestran que Guerreros Unidos solía amenazar y sobornar a funcionarios del Gobierno estatal para asegurar su colaboración. Además, pagaban regularmente alrededor de 50 dólares a algunos policías para obtener información o evitar problemas con las autoridades no cooperativas. Este pago también servía como un adelanto para que el cártel pudiera recurrir a las autoridades cuando lo necesitara.
Según una transcripción del interrogatorio realizado por las fuerzas del orden, un oficial afirmó: "Dices: 'Sé que estoy cometiendo un delito, pero...'". Agregó que al voltear a ver, pensó: "'No lo voy a agarrar para no meterme en broncas', pero dices: 'No espérate'". Incluso años después del secuestro de los normalistas, el Gobierno mexicano continuó interceptando las conversaciones telefónicas del cártel y descubrió que sus nexos con las autoridades seguían siendo fuertes. En una de las grabaciones, la esposa de un jefe del grupo amenazó a un contrabandista diciendo: "Si sabe cómo les fue a los 43, no quiere ser el 44", refiriéndose a los estudiantes desaparecidos. A pesar de que han pasado nueve años desde la desaparición de los estudiantes, el crimen sigue siendo un misterio debido a que las mismas autoridades obstaculizan la investigación.