Una postura en contra del tratado de cibercrimen propuesto por las Naciones Unidas ha sido adoptada por los activistas de derechos humanos. Temen que este tratado pueda convertirse en una alianza global de vigilancia digital, lo cual pondría en riesgo la privacidad de los datos y los derechos humanos. En la ciudad de Nueva York, actualmente se está debatiendo este tratado entre los delegados y ha generado controversia debido a las preocupaciones sobre la creciente presencia de la vigilancia transfronteriza y las restricciones impuestas a la libertad de expresión en línea.
El tratado, que fue propuesto inicialmente por Rusia y cuenta con el respaldo de naciones como Corea del Norte, Irán y China, se sospecha que establece las bases para la legalización de la vigilancia transfronteriza y la criminalización de la libertad de expresión en línea. Las negociaciones del borrador comenzaron el lunes en la sede de la ONU, habiendo sido sometido a seis rondas. Los seguidores de Reclaim The Net ya estarán un paso adelante en este asunto.
"Según Katitza Rodríguez, Directora de Política de Privacidad Global de la Electronic Frontier Foundation, se propone conceder poderes amplios a los gobiernos con el fin de perseguir a activistas, periodistas y comunidades marginadas. Estos grupos son frecuentemente atacados en los intentos de regímenes autocráticos por limitar la libertad de expresión y la privacidad."
El tratado, según Rodríguez, no cuenta con suficientes salvaguardas, lo que permite a los gobiernos utilizar mecanismos de vigilancia invasivos sin restricciones. Esto incluye la interceptación de contenido y el seguimiento de metadatos en tiempo real, incluso para investigaciones penales extranjeras. La Electronic Frontier Foundation ha abogado por agregar cláusulas al tratado que enfaticen la necesidad de aprobación judicial previa a la vigilancia y la implementación de medidas estandarizadas para proteger los datos, como limitaciones en la recopilación de información. También se ha destacado la importancia del principio de "doble incriminación", el cual garantiza que un acto sea considerado un delito en ambas jurisdicciones antes de iniciar una investigación, con el objetivo de proteger los derechos humanos.
Aunque aparentemente bien intencionadas, las disposiciones del tratado contra la difusión de material de abuso sexual infantil también han generado críticas. Se ha sugerido que permitir a los gobiernos utilizar la preocupación por la seguridad infantil como una excusa para ampliar la vigilancia y restringir las comunicaciones cifradas es algo que está en aumento entre los gobiernos.