A pesar de que los tribunales internacionales han dictaminado en 23 casos que España debe pagar indemnizaciones por valor de 1.200 millones de euros debido a los impagos de Pedro Sánchez a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, el Ejecutivo conformado por PSOE y Podemos se ha negado a cumplir con sus obligaciones. Como resultado, España continúa sufriendo el embargo de sus bienes en el extranjero.
Edificio utilizado como sede del Instituto Español Vicente Cañada Blanch
Una decisión de la justicia británica que impacta a un hermoso convento dominico, propiedad del gobierno español y ubicado en el barrio de Kensington en Londres, ha sido conocida esta semana. El edificio, situado en los números 317-318 de la calle Portobello Road, es utilizado como sede del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, una escuela internacional bajo la dependencia del Ministerio de Educación.
Hace cien años, se inauguró en Marruecos el primer centro de este tipo en nuestro país. A lo largo de los años, España ha establecido casi veinte escuelas internacionales. Estos centros ofrecen el currículum español y, en el caso del instituto londinense, abarcan desde la educación primaria hasta el bachillerato.
A los beneficiarios de la sentencia del caso Antin, la titularidad del inmueble es transferida por la decisión de la justicia debido al impago de las renovables. El CIADI, tribunal del Banco Mundial, resolvió el laudo en cuestión en un proceso que se extendió desde 2013 hasta 2018. España está obligada a pagar 101 millones según la sentencia, aunque esta cifra ha aumentado en 20 millones debido a los intereses de demora acumulados y en otros 6 millones más por las condenas en costas que nuestro país ha sufrido.
España está obligada a pagar 101 millones según la sentencia
Dentro del programa que ofrece el centro, son acogidos alrededor de quinientos estudiantes en la propiedad del Instituto Español Vicente Cañada Blanch. Los afectados por los impagos podrán utilizar el inmueble gracias a esta decisión de la justicia británica. Aunque no se ha revelado el valor inmobiliario de la propiedad, los registros de transacciones de la calle demuestran que casas de menor tamaño que el colegio se venden por sumas millonarias.
En Reino Unido, nuestro país tiene más de un frente abierto. Los afectados que lograron el embargo del colegio también tienen intervenido el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en más de 900 millones de euros.
En abril pasado, la cláusula activada por el fondo Blasket, titular del caso Infrared, declaró en default técnico cuatro bonos de deuda soberana española valorados en 1.000 millones de euros. Desde entonces, la financiación del Tesoro ha experimentado un encarecimiento de casi un 15% en los dos meses transcurridos.