Durante tres años, según una investigación de Milenio, se permitió que agentes estadounidenses facilitaran información sensible a cárteles mexicanos con el supuesto objetivo de seguir el rastro criminal. La Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional fueron los responsables.
El agente activo de la DEA, Juan Constanzo, y un jubilado de la misma agencia llamado Manuel Recio estuvieron involucrados en los hechos. Fueron arrestados en mayo de 2022 y ahora enfrentan una acusación penal por una variedad de delitos, entre ellos el soborno.
Desde 1997 hasta 2018, Recio formó parte de la DEA. Según la investigación, después de su retiro, estableció Global Legal Consulting, una empresa de consultoría que se dedica a ofrecer servicios de investigación privada a abogados defensores penales y asistirles en la búsqueda de clientes. Además, en colaboración con Constanzo, quien estaba activo en la agencia de control de drogas, también proporcionaba un 'servicio VIP'.
Extraía información de los sistemas de la DEA y se la proporcionaba a Recio, según señala un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del año pasado. Esto incluía acusaciones selladas, lo que permitía que sus clientes fueran alertados sobre investigaciones en su contra, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados.
El Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NADDIS, por sus siglas en inglés) fue la fuente utilizada, una base de datos de la DEA que contiene información sobre personas que están, o han estado, bajo investigación de la agencia. "Recio le pagó a Constanzo por esta información", según el Departamento de Justicia de EE.UU. La institución logró identificar el entramado de este esquema de corrupción, que incluyó pagos a través de terceros y teléfonos especiales; los montos oscilaron entre los 2.500 y los 70.000 dólares.
La investigación en contra de Constanzo y Recio fue llevada a cabo por la DEA, el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Durante esta investigación, se interceptaron llamadas entre los criminales y se reveló que los narcotraficantes mexicanos, que eran objetivos prioritarios para la agencia antidrogas, formaban parte de sus 'clientes VIP'.
La defensa de Constanzo ha cuestionado si se le permitió al exagente seguir extrayendo información de la agencia como parte de la operación, durante casi tres años, para supuestamente seguir el rastro criminal. Sin embargo, el Departamento de Justicia afirmó el año pasado que las acciones entre Constanzo y Recio duraron desde noviembre de 2018 hasta noviembre de 2019.
En marzo pasado, los abogados Marc L. Mukasey, Torrey K. Young y Stephanie Guaba cuestionaron que se le dejase continuar en activo y operando al agente especial Constanzo, como parte de la defensa de su cliente. "Se pone a prueba la credibilidad de que si el agente especial Constanzo estuvo cometiendo delitos federales; tres agencias de aplicación de la ley le permitieron permanecer en activo durante años", afirmaron.
Constanzo, según señalaron, tuvo la oportunidad de ser un agente activo de la DEA y trabajar con altos funcionarios del gobierno de EE.UU. desde el inicio de la autorización inicial de escuchas telefónicas el primero de julio de 2019 hasta su entrega el 20 de mayo del 2022. Además, el Departamento de Justicia acusa a Constanzo y Recio de conspiración para cometer soborno, recibir o pagar un soborno, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico.
Durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se llevó a cabo un operativo llamado 'Rápido y Furioso', que ha sido recordado por este caso. En este operativo ilegal, las autoridades de EE.UU. tuvieron la oportunidad de traficar miles de armas a México, equipadas con 'chips', con el supuesto propósito de rastrearlas posteriormente y localizar a los delincuentes que las utilizaban.
En un comunicado publicado el año pasado, la Fiscalía General de la República de México denunció que desde el año 2009 hasta fechas recientes, esas armas fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país.