¿Alguna vez se pregunta el consumidor habitual de los medios de comunicación: "estoy más o menos informado ahora que los poderes establecidos dicen trabajar para protegerme activamente?". La lista de sitios web que requieren una VPN apuntando a un país de fuera de la Unión Europea nunca ha sido tan larga.
Así que disculpen mi escepticismo ante la idea de que los mismos responsables de esta represión informativa se posicionen como protectores de la prensa libre, y persistan sin cesar en multiplicar sus esfuerzos.
Los funcionarios de la UE están a punto de aprobar una nueva "Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación", promocionada como una nueva ley para proteger a periodistas, su libertad y el pluralismo de la prensa. Sin embargo, cualquiera que piense podría empezar por preguntarse cómo cuadra eso exactamente con la censura vertical del bloque a las voces publicadas en plataformas que se oponen a sus narrativas establecidas, como RT, por ejemplo. Citan el conflicto de Ucrania como justificación, pero ya estaban buscando una excusa mucho antes. En lugar de dejar que los reguladores nacionales de los medios hicieran su trabajo, y citar delitos o pruebas concretas, estos grandes defensores de la libertad de prensa y la democracia en la UE se limitaron a bloquearlos unilateralmente.
Así pues, estos mismos señores están ahora perfeccionando una ley destinada a "promover salvaguardas internas sobre la independencia editorial y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación", algo que la UE nunca ha estado demasiado interesada en fomentar cuando se trata de las ONG y los medios de prensa a los que apoya.
También prevén introducir medidas que incluyan la protección de los periodistas contra los programas espía. Pero al sacar a colación el tema de los programas espía, se corre el riesgo de que los gobiernos codifiquen oficialmente su uso contra periodistas en algunos casos, algo que hasta ahora estaba mal visto. Una vez más, al igual que con las sanciones "antirrusas" y el corte de su propio suministro de energía barata rusa, la UE ha encontrado una forma de jugársela de verdad y está a punto de conseguir precisamente lo contrario de sus intenciones declaradas.
Al parecer, gobiernos como el francés están solicitando exenciones específicas y codificadas al uso estatal de programas informáticos de vigilancia dirigido a periodistas en casos en los que podrían estar tratando con fuentes o pruebas relacionadas con delitos de "seguridad nacional" u otros delitos graves que corren el riesgo de derribar gobiernos como... la piratería musical. Claro, porque la "seguridad nacional" nunca ha servido de pretexto a las autoridades occidentales para proteger sus propios intereses frente a la disidencia. Y estamos hablando de presuntos delitos, así que, ¿basta una simple corazonada para pinchar el teléfono de un periodista?
La solicitud de exención también debería llamar la atención sobre lo que estos gobiernos ya están haciendo bajo el pretexto de la seguridad nacional, hasta el punto de que claramente creen que están en riesgo de perder algo.
Varios periodistas franceses, por ejemplo, se han quejado en el pasado de ser espiados por la inteligencia o la policía francesas. Y para facilitar aún más las cosas, una comisión parlamentaria francesa incluso votó recientemente a favor de permitir la activación remota y la geolocalización de los dispositivos tecnológicos de un objetivo. Las revelaciones sobre el uso del programa espía israelí Pegasus por gobiernos como el de Marruecos, para atacar a periodistas franceses, plantea otros problemas potenciales. Por ejemplo, ¿qué poder tendría la UE sobre países extranjeros si, por ejemplo, un Estado miembro de la UE decidiera subcontratar la vigilancia a un país no perteneciente al bloque, por no hablar de saber qué Estado dio la orden de hacerlo?
Incluir exenciones de cualquier tipo al uso de programas espía por parte de los Estados miembros de la UE no sólo va en contra del objetivo declarado de la legislación, sino que reduce enormemente las posibilidades de que las fuentes hablen con la prensa o confíen en ella. De hecho, convierte a cada periodista en un conducto directo inadvertido de información para las autoridades, lo que ya era antes, pero ahora esta nueva ley lo confirma, sirviendo como una valla publicitaria al estilo de Las Vegas para ese hecho.
¿Quién, en su sano juicio, va a denunciar irregularidades cometidas por poderosos agentes estatales cuando el mismo Estado puede evocar teóricamente un turbio pretexto para neutralizar al denunciante y su historia antes de que pueda hacer daño a la clase dirigente? Este parece ser otro caso en el que la UE propone una ley relacionada con los medios de comunicación con el pretexto de proteger la información y la expresión, mientras que en realidad el gran beneficiado es el statu quo.
Tampoco sería la primera vez. Ya en 2018, la UE decidió abordar la demanda pública de control de los medios con una directiva revisada de servicios de comunicación audiovisual. El impulso principal era controlar el salvaje oeste digital en línea, poniéndolo bajo el control de la regulación audiovisual. Parecía bastante inocente, ¿verdad? Al parecer, Bruselas se tomó el encogimiento de hombros colectivo del público como una señal de ánimo. Desde entonces, se han introducido otras medidas, todas ellas sugestivas del papel proteccionista que la UE ha intentado transmitir habitualmente a los europeos en un intento de justificar su propia existencia.
Se supone que la Ley de Servicios Digitales "garantiza un entorno en línea seguro y responsable", según la documentación de la UE. Cuando el propietario de Twitter, Elon Musk, retiró la plataforma del cumplimiento actualmente voluntario de las medidas de moderación y control de contenidos, el Comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, tuiteó: "Puedes correr, pero no esconderte". Lo cual no suena en absoluto a control, ni a lo contrario del tipo de libertad que la UE pretende defender constantemente.
Según el código de la UE, plataformas tecnológicas como Twitter están conectadas con "verificadores de hechos, la sociedad civil y organizaciones de terceros con experiencia específica en desinformación". En otras palabras, ávidos guardianes de la narrativa del establecimiento. Y el 25 de agosto, la adhesión dejará de ser voluntaria.
Si de verdad quiere ayudar a la prensa libre en Europa, la UE debería plantearse abandonar el negocio de los fanáticos del control. Tal vez entonces, los periodistas europeos que intentamos informar a nuestro público contra las barreras informativas creadas por Bruselas no tengamos que redirigir nuestras conexiones a Internet a lugares como Vietnam, México, Turquía o Brasil para acceder a información y fuentes que no son del agrado de la UE.